El gobierno dominicano presenta una política integral que beneficiará a más de 478,000 personas con discapacidad a través de seis ejes estratégicos enfocados en inclusión, accesibilidad y derechos.
El presidente Luis Abinader presentó este lunes el Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035 durante su conferencia semanal “La Semana”, una política pública que busca garantizar igualdad de oportunidades para las 478,300 personas que viven con algún tipo de discapacidad en República Dominicana. La iniciativa, desarrollada por el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), articula acciones en seis áreas clave: igualdad de oportunidades, accesibilidad universal, salud integral, inclusión educativa, empleo sostenible y protección social.
Contexto y cifras de la discapacidad en el país
Según el censo de población de 2022, el 57% de las personas con discapacidad son mujeres y el 43% hombres. El director ejecutivo del CONADIS, Alexis Beníquez, explicó que la política surge de la necesidad de coordinar iniciativas dispersas entre diferentes sectores.
La estrategia revisa la Ley 5-13, vigente desde hace 12 años, identificando aspectos no implementados y vacíos legales que afectan los derechos fundamentales de este sector poblacional.
Seis ejes estratégicos del plan
Igualdad de oportunidades para todas las personas
Durante 2025, más de 15,000 personas de 180 instituciones públicas y privadas participaron en talleres sobre trato digno hacia personas con discapacidad. Adicionalmente, 20,655 personas se capacitaron mediante la plataforma virtual Academia CONADIS.
El CONADIS estableció un convenio con el Ministerio de Administración Pública para implementar un indicador de inclusión en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP). Hasta la fecha, 126 instituciones han reportado evidencias de cumplimiento con políticas de accesibilidad.
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Accesibilidad universal y diseño inclusivo
Se realizaron evaluaciones de accesibilidad en 53 instituciones públicas y privadas, mientras que el gobierno trabaja en convertir destinos turísticos como Bayahibe, Punta Bergantín, Cabo Rojo y Miches en espacios accesibles desde su planificación inicial.
El CONADIS colabora con la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC) para certificar portales web accesibles que incluyan lengua de señas, Braille y funciones de audición. A la fecha se han realizado 24 evaluaciones.
Salud y rehabilitación integral
El gobierno firmó un convenio con el Servicio Nacional de Salud para capacitar profesionales médicos en hospitales regionales, permitiendo descentralizar la emisión de certificados de discapacidad, actualmente concentrados en la sede central del CONADIS.
Este año, organizaciones internacionales donaron más de 2,000 sillas de ruedas especializadas, diferenciadas de las hospitalarias y ajustadas a necesidades individuales tras evaluación profesional.
Educación, empleo y protección social
Inclusión educativa y atención temprana
El CONADIS trabaja con el Ministerio de Educación en la implementación de aulas de apoyo, un modelo donde estudiantes con discapacidad permanecen en aulas regulares y acuden a espacios especializados solo en situaciones específicas.
El gobierno gestionó 50 becas en Colombia para formar docentes en neurodivergencia, con planes de expandir el programa a 100 profesionales.
Empleo digno y sostenible
El indicador de discapacidad en el SISMAP requiere que instituciones estatales creen comités de inclusión y accesibilidad. Varias direcciones y ministerios transitaron de calificaciones deficientes a niveles satisfactorios entre junio y septiembre de 2025.
La meta es avanzar hacia el cumplimiento del 5% de cuota laboral establecida por ley en el sector público.
Protección y desarrollo social
En 2025, el gobierno otorgó 700 pensiones para personas con discapacidad, superando significativamente las 50 o 60 anuales de años anteriores. Además, 4,000 niños ingresaron al fondo de niñez con discapacidad, duplicando la cifra histórica.
El CONADIS realizó más de ocho jornadas nacionales de inversión social denominadas “RD para Todos”, beneficiando no solo a personas con discapacidad sino también a sus familias.
Ampliación de servicios terapéuticos
El doctor Benoit, representante de los Centros de Atención Integral Temprana (CAIT), anunció la expansión de servicios mediante 16 Unidades de Intervención Territoriales Terapéuticas (UITT) distribuidas en todo el país.
Tres unidades operan actualmente en San Cristóbal, Luperón, Sabana Perdida y Guaricanos, mientras que otras tres están en proceso de construcción en Santiago Rodríguez, La Victoria y Las Matas de Farfán.
El antiguo Hospital San Vicente de Paul en San Francisco de Macorís se convertirá en un CAIT para el nordeste, con planificación prevista para enero de 2026. Las atenciones en Santiago aumentaron 38.95% y en Santo Domingo Oeste 35% tras la implementación del nuevo modelo de servicios.
Reconocimientos y compromiso institucional
Durante el evento, el presidente Abinader entregó reconocimientos a defensores de derechos de personas con discapacidad, incluyendo a la actriz Amelia Brea, Cristina Francisco por su labor con mujeres con discapacidad, y Odil Villabízar como promotora del autismo.
También se homenajeó al Patronato Nacional de Ciegos y se realizó un reconocimiento póstumo a Mary Pérez de Marancines.
El plan está disponible mediante código QR en el portal del CONADIS y representa un compromiso de Estado para los próximos 10 años.
Otros anuncios gubernamentales
El mandatario informó que la Villa Navidad del Banco de Reservas abrió en el Centro Olímpico, con réplica en Santiago. Las transferencias de la Brisita Navideña iniciarán el 4 de diciembre y el doble sueldo navideño se pagará el 5 de diciembre.
Respecto a temas de seguridad, la ministra de Interior y Policía anunció el lanzamiento del operativo navideño para el 13 de diciembre, duplicando el número de agentes desplegados en comparación con 2024.
El Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035 representa un cambio de paradigma en las políticas públicas dominicanas, pasando de iniciativas dispersas a una estrategia articulada que involucra a todo el Estado y la sociedad civil. El desafío será mantener la continuidad presupuestaria y la coordinación interinstitucional para garantizar que las 478,300 personas con discapacidad y sus familias accedan efectivamente a los derechos proclamados en esta política de largo alcance.
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