Perú evalúa retirarse de la Corte IDH para defender soberanía nacional

El gobierno de Dina Boluarte anunció un proyecto legislativo para abandonar el sistema interamericano de derechos humanos, generando debate sobre el equilibrio entre soberanía estatal y compromisos internacionales.

Lead: La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció este miércoles la elaboración de un proyecto de ley orientado a retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando la necesidad de “defender la soberanía nacional”. La medida, enmarcada en un contexto de tensiones crecientes entre el Ejecutivo peruano y el organismo, busca limitar la intervención de instancias externas en asuntos internos del Estado, según fuentes oficiales .

Contexto de la decisión

El anuncio forma parte de una estrategia gubernamental que se ha intensificado en los últimos meses. Desde inicios de 2025, el Gobierno de Boluarte ha realizado al menos 23 mesas de trabajo para articular una campaña contra la CIDH, señalando que sus resoluciones “interfieren en la autonomía del sistema judicial peruano” . La tensión se agudizó recientemente tras la negativa del gobierno a acatar una orden de la Corte para suspender un proyecto de amnistía a militares y policías involucrados en casos de derechos humanos durante el gobierno de Alberto Fujimori .

Boluarte reafirmó su postura el lunes pasado, declarando que “no permitiremos que organismos externos dicten cómo debe actuar el Estado peruano en temas de justicia interna” . Esta posición coincide con declaraciones previas en las que calificó a Perú como “no colonia de nadie”, en respuesta a las críticas de la CIDH sobre reformas legales cuestionadas por organizaciones de derechos humanos .

Marco legal y proceso parlamentario

Según fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el proyecto de ley para el retiro de la CIDH será presentado ante el Congreso en las próximas semanas. El texto busca modificar el artículo 54 de la Constitución Política, que reconoce la jurisdicción de la Corte, y derogar la Ley 27848, que ratifica la pertenencia de Perú al Sistema Interamericano .

El proceso requerirá mayoría calificada en el Parlamento, donde el partido oficialista Unión por la Patria mantiene una coalición frágil con bancadas regionalistas. Analistas señalan que, de avanzar, Perú se convertiría en el segundo país en abandonar la CIDH después de Venezuela (2012), aunque seguiría vinculado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como Estado miembro de la OEA.

https://twitter.com/PrensaEc1/status/1960864659877011582

Reacciones internacionales y críticas

La iniciativa ha generado rechazo de organizaciones no gubernamentales y expertos en derechos humanos. Amnistía Internacional advirtió que “salirse de la CIDH debilita los mecanismos de protección para víctimas de violaciones históricas” . Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA expresó preocupación por el “retroceso en estándares democráticos” .

En contraste, sectores nacionalistas y parte de la bancada conservadora en el Congreso han respaldado la medida, argumentando que la CIDH “ha politizado su labor al inmiscuirse en procesos penales sin competencia” . El canciller peruano, Elmer Schialer, defendió la propuesta en la ONU, asegurando que “ningún Estado debe someter su soberanía a interpretaciones discrecionales de tribunales externos” .

Implicaciones para los derechos humanos

El retiro de la CIDH limitaría el acceso de ciudadanos peruanos a mecanismos internacionales de justicia en casos donde el sistema local falle. Según datos de la CIDH, en 2024 se resolvieron 12 casos contra Perú, incluyendo violaciones durante el conflicto interno de los años 80-2000 . Organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) advierten que la medida “enterraría esperanzas de justicia para miles de víctimas” .

No obstante, el gobierno sostiene que fortalecerá los tribunales nacionales para asumir estas responsabilidades. Un informe del Ministerio de Justicia (junio 2025) reconoce, sin embargo, que el 68% de los juzgados especializados en derechos humanos operan con déficit de recursos .

La decisión de Perú refleja un debate global sobre los límites de la soberanía estatal frente a compromisos internacionales. Mientras el gobierno insiste en recuperar el control sobre su sistema judicial, críticos advierten que el aislamiento institucional podría agravar la impunidad. En los próximos meses, el Congreso tendrá la última palabra sobre un camino que definirá el rol de Perú en la protección de derechos fundamentales.