La iniciativa busca regular contenido sobre salud, derecho y finanzas, generando debate sobre libertad de expresión versus protección ciudadana

El congresista peruano Wilson Soto, de la bancada Acción Popular, presentó el proyecto de ley N° 13313/2025-CR que propone exigir formación profesional a influencers, streamers y líderes de opinión que difundan contenidos sobre temas técnicos especializados como salud, derecho o finanzas, argumentando que busca proteger a la ciudadanía de la desinformación, aunque la propuesta ha generado un intenso debate sobre sus implicaciones para la libertad de expresión en el entorno digital peruano.
La propuesta legislativa
Según explicó Soto en entrevista con Canal N de Perú, la iniciativa busca establecer requisitos mínimos de formación para creadores de contenido digital que aborden materias que requieren conocimiento especializado. “No cualquier persona puede opinar sobre medicina si no es médico, o sobre derecho si no ha estudiado leyes”, declaró el parlamentario, quien justificó la medida con casos reportados de estafas y desinformación difundida por personas con alto alcance digital pero sin preparación técnica en las áreas que discuten.
El proyecto de ley especifica que la regulación aplicaría exclusivamente a contenidos técnicos, manteniendo la libertad para que los creadores de contenido sigan abordando temas de entretenimiento, humor, viajes o moda sin restricciones. Soto aclaró que la propuesta se encuentra en etapa inicial y deberá ser debatida en comisiones del Congreso con la participación de especialistas antes de convertirse en norma vigente.
Referentes internacionales y proceso legislativo
Durante la entrevista, Soto mencionó que otros países como China han implementado regulaciones similares para controlar la desinformación en plataformas digitales. Sin embargo, aclaró que el contexto peruano es diferente y que su propuesta debe entenderse como un punto de partida para un debate amplio sobre la responsabilidad de los comunicadores digitales. “No es que queremos cortar la libertad de expresión. Planteamos que, para hablar de un tema específico, la persona que tiene una plataforma, mínimo tiene que conocer, tener una carrera”, explicó.
El congresista remarcó que el proyecto aún debe pasar por el proceso legislativo completo, incluyendo análisis en comisiones especializadas. Subrayó que el objetivo final es encontrar un equilibrio entre proteger a los ciudadanos de información falsa y preservar las libertades fundamentales garantizadas en la Constitución peruana.
Debate sobre consistencia y derechos fundamentales
La propuesta generó críticas por su posible inconsistencia, particularmente cuando se cuestionó por qué los congresistas no requieren formación profesional específica para legislar en temas complejos como derecho o economía. Ante esta interrogante, Soto respondió que la Constitución peruana establece solo dos requisitos para ser parlamentario: nacionalidad peruana y mayoría de edad (25 años), y que son los partidos políticos quienes tienen la responsabilidad de seleccionar candidatos calificados.
El debate se profundizó en torno al derecho constitucional a la libertad de expresión y opinión, con críticos argumentando que empoderar a la ciudadanía con educación sería más efectivo que restringir quién puede hablar sobre ciertos temas. Soto mantuvo su posición, sosteniendo que cuando se trata de temas que pueden afectar la salud o el patrimonio de las personas, es necesario garantizar que la información provenga de fuentes con conocimiento técnico validado.
Posiciones complementarias del congresista
Durante la misma entrevista, Soto se manifestó en contra del proyecto del Ejecutivo que busca criminalizar a periodistas y fuentes que informan sobre casos de relevancia pública. “Siempre voy a respetar y defender la libertad [de prensa], porque ustedes juegan un rol muy importante en los medios de comunicación. Los periodistas, muchas veces gracias a las fiscalizaciones que ustedes hacen, sale a la luz [la corrupción]”, afirmó, mostrando una aparente contradicción entre su posición sobre periodistas tradicionales y creadores de contenido digital.
Además, el congresista abordó otros temas de actualidad nacional, como el pedido de pensión vitalicia de la expresidenta Dina Boluarte, sobre el cual señaló que “legalmente sí le corresponde”, y su iniciativa para eliminar la Tarifa Única Aeroportuaria (TUAA) para vuelos nacionales, que considera jurídicamente cuestionable por haber sido incluida mediante una adenda a la concesión original del aeropuerto de Lima.

Un equilibrio pendiente
La propuesta de Wilson Soto refleja un desafío global creciente: cómo conciliar la democratización de la información en plataformas digitales con la necesidad de garantizar contenidos precisos en áreas sensibles. Mientras algunos expertos en derecho digital ven la iniciativa como una posible sobre-regulación que podría limitar debates ciudadanos necesarios, otros reconocen la preocupación legítima sobre la proliferación de desinformación en redes sociales.
El camino legislativo que tomará esta propuesta dependerá en gran medida del debate técnico que se genere en las comisiones del Congreso peruano. Lo que sí parece claro es que, en la era digital, las sociedades deben encontrar mecanismos eficaces para proteger a los ciudadanos de la información falsa sin caer en la tentación de limitar indebidamente los espacios de expresión, un equilibrio que los marcos regulatorios modernos aún están lejos de alcanzar.










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