Noboa propone consulta popular para transformar el sistema político y judicial

El presidente Daniel Noboa anunció una consulta ciudadana para reformar aspectos constitucionales en materia militar, política, laboral y judicial.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azin, presentó este martes desde su cuenta oficial en X (antes Twitter) una propuesta de consulta popular que incluye siete preguntas orientadas a modificar aspectos clave de la Constitución. La iniciativa, aún en trámite formal, busca someter a votación temas como la presencia de bases militares extranjeras, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la reducción del número de asambleístas y cambios en el sistema laboral y judicial. La medida cobra relevancia en un contexto de inseguridad, polarización política y demanda ciudadana de reformas estructurales.

La propuesta de consulta fue anunciada directamente por el presidente Noboa a través de redes sociales, sin que hasta el momento se haya presentado oficialmente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) ni se haya detallado el cronograma electoral. Según el mensaje presidencial, la consulta busca “darle el poder al pueblo” para definir si el país “entierra el pasado y abraza un futuro de paz y desarrollo”.

Las siete preguntas abarcan modificaciones constitucionales que, de ser aprobadas, implicarían transformaciones profundas en el sistema político, económico y de seguridad del país. Entre los temas más sensibles está la apertura a la posibilidad de permitir bases militares extranjeras —una cuestión históricamente controvertida en Ecuador por su cláusula de no intervención—, así como la eliminación del CPCCS, institución creada en la Constitución de 2008 para garantizar la participación ciudadana y el control social.

La primera pregunta plantea eliminar la prohibición constitucional de instalar bases militares extranjeras o ceder instalaciones nacionales a fuerzas extranjeras. Actualmente, el artículo 5 de la Constitución prohíbe “bases militares permanentes o transitorias” de países extranjeros. Esta medida podría abrir la puerta a acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos u otros aliados, en un contexto de creciente inseguridad y narcotráfico en la frontera norte.

Otra pregunta aborda la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos, una medida que busca reducir el gasto público y combatir la corrupción, pero que también podría afectar a movimientos pequeños que dependen de estos recursos. Organismos como el CNE y la Contraloría General del Estado serían los encargados de redistribuir las funciones del CPCCS, cuya desaparición ha sido debatida desde hace años.

La reducción del número de asambleístas, actualmente en 137, busca racionalizar el gasto legislativo. Sin embargo, expertos en ciencia política advierten que sin un cambio en el sistema electoral, esta medida podría concentrar más poder en partidos mayoritarios.

Dos preguntas tocan derechos fundamentales: una propone permitir la contratación por horas en el sector turismo, siempre que sea la primera relación laboral, garantizando derechos como seguridad social y jornada máxima. Este punto ha generado reacciones mixtas entre sindicatos, que temen precarización, y sectores empresariales, que lo ven como un impulso al empleo juvenil.

La otra modificación judicial plantea someter a juicio político a los jueces de la Corte Constitucional, actualmente con inmunidad frente a este mecanismo. Defensores del cambio argumentan que aumenta la rendición de cuentas; críticos señalan que podría afectar la independencia del poder judicial.

Finalmente, la séptima pregunta autoriza salas de juego y casinos en hoteles de cinco estrellas, con un aporte del 25 % de sus ingresos a programas contra la desnutrición infantil y alimentación escolar. Este modelo busca equilibrar la apertura económica con fines sociales, aunque organizaciones de salud y protección infantil han expresado reservas sobre el impacto social del juego.

Para que la consulta sea viable, el Ejecutivo debe presentar formalmente la propuesta al CNE, que tendrá 15 días para evaluar su constitucionalidad y viabilidad técnica. Si es aprobada, se convocaría a elecciones, cuya fecha aún no ha sido anunciada.

La iniciativa llega en un momento de alta expectativa ciudadana, tras un año marcado por la emergencia de seguridad y la inestabilidad política. Sin embargo, su éxito dependerá de la transparencia del proceso, la claridad en la información brindada a la ciudadanía y el nivel de participación.

Mientras tanto, el debate público comienza a tomar forma. Las próximas semanas definirán si estas siete preguntas se convierten en un referendo nacional o quedan en una propuesta simbólica.

La consulta propuesta por el presidente Noboa representa una encrucijada para la democracia ecuatoriana: una oportunidad para redefinir pactos sociales, pero también un desafío para garantizar que los cambios surjan de un debate informado, inclusivo y respetuoso del Estado de derecho.