Nuevas auditorías y controles digitales fortalecen lucha contra corrupción en Ecuador

Mauricio Torres detalla avances en auditorías forenses, recuperación de fondos y nuevos controles en contratación pública.

La Contraloría General del Estado, bajo la dirección de Mauricio Torres, ha reactivado los informes de pertinencia y favorabilidad en contratación pública tras un breve paréntesis legal, mientras impulsa auditorías forenses e informáticas para fortalecer la transparencia. Estos cambios ocurren en medio del avance del caso PROGEN y la recuperación de cerca de USD 40 millones en recursos públicos malversados, en un contexto marcado por el incendio de 2019 y presiones sobre auditores en zonas de conflicto.

Nuevas herramientas para una institución transformada

Desde su llegada en noviembre de 2023, la Contraloría General del Estado ha implementado dos modalidades de auditoría clave: la forense y la informática. Según Mauricio Torres, Contralor General del Estado, estas herramientas permiten sustentar con mayor rigor los informes que derivan en responsabilidades penales, algo que antes no era posible. “Antes, los informes con indicios de delito llegaban a la Fiscalía sin los respaldos técnicos necesarios y podían archivarse fácilmente”, explicó durante su participación en Un Café con JJ.

Además, se ha incorporado la notificación electrónica y la firma digital, lo que evita manipulaciones como la alteración de fechas en informes o la retención deliberada de documentos. Torres reveló que, al asumir el cargo, encontraron cerca de USD 4 000 millones en informes caducados, escondidos en cajones desde 2019 hasta 2023, muchos de ellos con montos millonarios.

El incendio de 2019: una sombra que persiste

El incendio que afectó las instalaciones de la Contraloría en 2019 sigue siendo un punto crítico. Torres confirmó que las investigaciones continúan y que existen “situaciones sospechosas”, como el hecho de que los documentos más sensibles —incluyendo auditorías con implicaciones penales— estuvieran en el área que primero se quemó.

Aunque no se ha determinado oficialmente la causa ni los responsables, la Contraloría logró rastrear algunos informes destruidos hasta computadoras específicas, las cuales también resultaron dañadas en el siniestro. “Hay indicios que generan dudas”, admitió Torres, quien estimó que los montos asociados a los informes perdidos podrían superar los USD 500 millones.

Contraloría reactiva informes de pertinencia tras caos legal y avanza en caso PROGEN con auditorías forenses. ¿Logrará recuperar la confianza en el gasto público? Más aquí 👉 https://t.co/nUTSvjWE1l @ContraloriaECU ▶️ @UnCafeConJJ pic.twitter.com/b7a6sD3f9p

— PrensaEc (@PrensaEc1) October 18, 2025

Caso PROGEN y otros frentes de investigación

Uno de los casos más emblemáticos bajo revisión es el de PROGEN, empresa vinculada a contratos millonarios en el sector salud. Torres confirmó que los informes ya fueron aprobados y remitidos a la Fiscalía, con hallazgos de responsabilidades administrativas, civiles e indicios penales. Incluso exministros han rendido versión en el marco de esta investigación.

Además, se investiga un nuevo contrato de PROGEN en Catamayo (Loja) por USD 20 millones, donde se hallaron equipos médicos usados y placas inconsistentes con la documentación. El informe final se publicará en noviembre de 2025.

Controles en Gobiernos Autónomos y desafíos operativos

La Contraloría también ha intensificado la supervisión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), especialmente tras el paro nacional de octubre de 2024. Se analizan movimientos de vehículos oficiales mediante GPS para detectar usos indebidos, como el apoyo logístico a protestas.

Sin embargo, el reto es monumental: con apenas 800 auditores, la institución debe supervisar 3 440 entidades públicas anualmente. A esto se suma la violencia en ciertas zonas: en Durán, por ejemplo, hubo amenazas contra auditores, lo que obligó a suspender temporalmente labores y reforzar operativos con escolta policial.

Contratación pública: un vaivén regulatorio

Los informes de pertinencia y favorabilidad —criticados por ser meros trámites formales— fueron eliminados con la Ley de Integridad, pero reinstaurados tras la derogatoria de esta norma por la Corte Constitucional. Sin embargo, días después, la nueva Ley de Contratación Pública volvió a suprimirlos.

Torres defendió la medida, al señalar que estos informes “eran un saludo a la bandera”. En su lugar, se impulsa un mecanismo que cruza deudas: si una empresa tiene un título de crédito pendiente con el Estado, no puede recibir pagos hasta saldarla. Además, el Contralor promueve una iniciativa ante el Parlamento Andino para impedir que empresas deudoras contraten en toda la región.

Transparencia como pilar del Estado

La transformación de la Contraloría refleja un esfuerzo institucional por modernizar los controles del gasto público, aunque persisten obstáculos legales, operativos y de seguridad. Como señaló Torres, el cambio debe comenzar desde la educación y los valores: por eso, la institución lleva campañas a escuelas con su mascota “Lupito Camay”. En un país donde la desconfianza en las instituciones es alta, la transparencia rigurosa y técnica puede ser un primer paso hacia la reconstrucción de la confianza ciudadana.