Contralor revela pagos millonarios sin garantías en contratos eléctricos

La fiscalización revela irregularidades en contrataciones con ATM y Progen durante la crisis energética de 2024.

El Contralor General del Estado, Mauricio Torres Maldonado, compareció este martes ante la Comisión Especializada de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social del Parlamento para presentar los resultados de dos auditorías sobre contratos firmados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) con las empresas Austral Technical Management (ATM) y Progen Industries LLC. La revisión, solicitada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el directorio de CELEC EP y parlamentarios, se realizó en el contexto de la emergencia energética de 2024. Las auditorías detectaron deficiencias técnicas, falta de garantías, pagos sin sustento y posibles responsabilidades civiles, administrativas y penales por más de 123 millones de dólares. Este proceso es clave para evaluar la gestión estatal en una de las crisis más severas del sector eléctrico en años.

La comparecencia del Contralor General del Estado, Dr. Mauricio Torres Maldonado, se enmarca en un proceso de fiscalización legislativa iniciado tras la firma de contratos de emergencia por parte de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), en medio de la grave crisis energética que afectó al país en 2024. El organismo de control acudió a la convocatoria de la Comisión Especializada de Transparencia, presidida por la asambleísta Diana Jácome Silva, en cumplimiento del oficio ANCTPC-2025-0192-O del 4 de agosto de 2025.

Las auditorías que presentó el Contralor fueron solicitadas formalmente por tres instancias: el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, mediante oficio del 23 de julio de 2024; el asambleísta nacional Lenin Barreto, el 25 de septiembre de 2024; y el gerente general subrogante de CELEC EP, quien, el 14 de octubre de 2024, solicitó un examen especial a los contratos firmados por su antecesor. Además, el propio ente de control decidió profundizar en el caso tras análisis preliminares que revelaron señales de alerta.

Como resultado, se realizaron dos verificaciones preliminares entre septiembre y octubre de 2024, que dieron paso a dos exámenes especiales desde diciembre del mismo año. Estos procesos se centraron en los contratos suscritos con ATM para la planta en Esmeraldas y con Progen para proyectos en Salitral y Quevedo, ambos bajo la figura de contratación de emergencia. El periodo analizado comprende desde enero de 2023 hasta diciembre de 2024.

Uno de los contratos más cuestionados fue el firmado con Austral Technical Management (ATM) para la instalación de generadores térmicos en Esmeraldas. Según el informe DN A 4-0027-2025, ATM, empresa constituida en abril de 2024 con un capital de 10.000 pesos uruguayos (unos 260 dólares), no cumplía con requisitos esenciales de experiencia técnica, documentación ni certificaciones de calidad. A pesar de ello, fue adjudicada la contratación.

La auditoría reveló que se modificó la potencia mínima requerida de 100 a 90 megavatios (MW) sin justificación técnica, y que se aceptaron equipos con siete años de antigüedad, cuando el pliego exigía un máximo de cuatro. Además, el comité de calificación validó una oferta que incluía compromisos futuros de actualización técnica, lo que no estaba permitido.

Otro hallazgo grave fue la ausencia de certificados de garantía del fabricante, representante o distribuidor. La inspección realizada por una empresa certificadora no incluyó el Plan de Inspección y Pruebas (ITP), requisito clave del contrato. Como consecuencia, no se detectó que los generadores provistos eran de 50 Hz, cuando Ecuador opera en 60 Hz, lo que compromete su funcionalidad.

A pesar de estas deficiencias, se autorizó el pago de 53.9 millones de dólares a ATM. El informe final, DN A 4-0030-2025, incluye indicios de responsabilidad penal, sugiere responsabilidades administrativas por 123.280 dólares y civiles por 53.9 millones.

El segundo caso analizado fue el de Progen Industries LLC, contratista para soluciones térmicas en Salitral y Quevedo. Los informes DN A 4-0031-2025 y DN A 4-0032-2025 detallan una serie de irregularidades desde la fase preparatoria. Las solicitudes de manifestación de interés se realizaron sin estudios de mercado ni certificación presupuestaria, y se invitó directamente a un proveedor que no acreditó capacidades técnicas.

Las especificaciones técnicas no establecieron criterios claros para verificar la idoneidad del oferente, ni incluyeron cláusulas sancionatorias efectivas. En Salitral, no se exigió la carta del fabricante ni la inspección en fábrica antes de realizar pagos. Además, Progen renunció al anticipo sin que se exigiera garantía de buen uso.

La comisión técnica consideró que Progen tenía experiencia, pese a que los documentos presentados no incluían fechas de inicio y fin de proyectos. Se tomó en cuenta a Megawatt Power Holdings Limited, una empresa que solo aparece en la base de datos Offshore Leaks, sin registros oficiales ni ubicación verificable.

También se presentó una garantía técnica con firma que no correspondía al representante legal, y una carta del fabricante que aclaraba que Progen solo fabricaba generadores, no motores, cuando el contrato requería que sea fabricante de unidades completas.

A pesar de que los contratos con Progen fueron firmados el 2 de agosto de 2024, su inicio y protocolización se realizaron el 3 de septiembre, 32 días después. Más grave aún, las facturas y pagos por más de 69 millones de dólares fueron emitidos a nombre de una empresa denominada Astrobrickza SA, sin que se justifique su relación contractual con Progen.

En Salitral, se pagó el 70% del valor del contrato (69 millones de dólares) por la entrega del packing list e informe de inspección de 29 grupos electrógenos. Sin embargo, no se contó con evidencia suficiente sobre el cumplimiento de especificaciones técnicas como factor de potencia, año de fabricación, consumo específico o eficiencia.

Ocho servidores de CELEC EP fueron enviados al exterior para inspeccionar los equipos, pero no presentaron un informe técnico conjunto ni documentación que respalde su trabajo. Los informes individuales carecían de agenda ejecutada, y se pagó más de 27.800 dólares en viáticos y pasajes sin evidencia del cumplimiento de la misión. Además, se incluyó un especialista financiero en una comisión técnica, lo que generó dudas sobre el enfoque del equipo.

El Contralor informó que, además de los casos ya concluidos, se encuentra en ejecución un nuevo examen especial sobre la repotenciación de la central termoeléctrica de Catamayo, gestionada por la Empresa Eléctrica Regional del Sur (ERSA). Esta auditoría, iniciada el 5 de junio de 2025 bajo la orden de trabajo 0001-DNA4-2025-1, analiza las fases preparatoria, precontractual y contractual de los procesos de emergencia en dicha planta.

Este nuevo proceso refleja la extensión del escrutinio a otros proyectos clave del sistema eléctrico nacional, en momentos en que el país busca recuperar la estabilidad energética tras meses de racionamiento y cortes de luz. La transparencia en estos contratos es fundamental para restablecer la confianza en las instituciones públicas.

Los hallazgos presentados por el Contralor General del Estado revelan una cadena de fallas institucionales que van desde la planificación hasta la ejecución de contratos de emergencia. Las decisiones tomadas en medio de la crisis energética parecen haber priorizado la velocidad por encima de la legalidad y la idoneidad técnica, con consecuencias financieras y operativas de largo alcance.

Las responsabilidades civiles sugeridas superan los 123 millones de dólares, cifra que podría impactar significativamente en las finanzas públicas. Además, los informes con indicios de responsabilidad penal (DN A 4-0030-2025 y DN A 4-0032-2025) podrían derivar en acciones judiciales contra funcionarios y contratistas.

Este proceso de fiscalización no solo busca esclarecer lo ocurrido, sino también sentar precedentes para futuras contrataciones de emergencia. La transparencia, la trazabilidad y el control efectivo deben ser pilares inquebrantables, incluso en contextos de crisis. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se gestionan sus recursos y qué garantías existen para que los servicios esenciales, como la electricidad, se mantengan bajo estándares de calidad y legalidad.