Contraloría detecta más de 120 millones en irregularidades en contratos energéticos

Contraloría detecta sobreprecios, equipos usados y posibles actos de corrupción en adquisiciones durante crisis eléctrica.

En menos de tres meses, la Contraloría General del Estado, bajo la dirección de Mauricio Torres, ha revelado irregularidades millonarias en contratos firmados por la Corporación Eléctrica del Ecuador. CELEC EP  con las empresas ATM y Progen. Equipos eléctricos usados y fuera de norma fueron adquiridos en plena emergencia energética, con sobreprecios significativos y posibles actos de corrupción. Al mismo tiempo, se detectaron inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de más de 60 jueces y fiscales. Torres aseguró que se actuará con firmeza para recuperar los recursos y responsabilizar a los involucrados.

Durante una entrevista concedida a FM Mundo, el contralor general del Estado, Mauricio Torres, detalló los hallazgos de la Contraloría en los contratos adjudicados a las empresas Austral Technical Management (ATM) y Progen, en el marco de la emergencia energética que afectó al país en 2023.

El 14 de julio, la Contraloría aprobó el informe final del examen a ATM, donde se constató que los generadores entregados no eran nuevos, sino usados, fabricados en 2016 y con incompatibilidad técnica para el sistema eléctrico ecuatoriano. Ecuador opera con una frecuencia de 60 Hz, mientras que los equipos adquiridos funcionaban a 50 Hz, lo que limita su uso.

Torres explicó que el contrato exigía equipos nuevos y adquiridos directamente del fabricante, pero se presumen actos de mala fe por parte de los funcionarios involucrados. “El mismo fabricante afirmó haber vendido lo que se les pidió, lo que sugiere que los servidores públicos sabían lo que estaban adquiriendo”, afirmó el contralor.

Además, la Contraloría determinó que otra empresa que participó en la licitación ofrecía mejores condiciones, lo que levanta sospechas de tráfico de influencias.

En el caso de Progen, la Contraloría detectó glosas por casi 54 millones de dólares en Salitral y 70 millones en Quevedo. Aunque no se pudo verificar si los equipos eran nuevos o usados, los documentos de pago mostraron que los productos adquiridos no coincidían con los especificados en el contrato.

El fabricante consultado por la Contraloría afirmó no haber vendido equipos a Progen, lo que refuerza las sospechas de irregularidades. Torres aseguró que las responsabilidades administrativas, civiles y penales alcanzan a las “cabezas visibles” de las instituciones, aunque los nombres permanecen reservados debido a las investigaciones en curso.

Frente a las irregularidades detectadas, la Contraloría anunció que buscará la recuperación de los recursos mediante acciones coactivas, incluyendo la incautación de activos de las empresas responsables. Torres indicó que, aunque en algunos casos no se presentaron garantías de cumplimiento, existen otras garantías que se ejecutarán.

Sobre la demora en las investigaciones, el contralor explicó que el control de la Contraloría es posterior, pero desde su gestión se está asesorando a las entidades públicas en la contratación. Sin embargo, destacó que el antiguo “informe de pertinencia” era insuficiente, razón por la cual su eliminación en la nueva ley es positiva.

Además de los contratos energéticos, la Contraloría detectó inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de más de 60 jueces y fiscales. De los 114 informes revisados en la función judicial, 60 presentan indicios de responsabilidad penal.

Los patrimonios de estos funcionarios, con sueldos que oscilan entre 4,000 y 5,000 dólares mensuales, muestran ingresos anuales de hasta 2 o 3 millones de dólares, sin justificación clara. Algunos incluso adquirieron vehículos y propiedades en efectivo, lo que sugiere posibles actos de corrupción.

Torres aclaró que la Contraloría no tiene facultad para suspender jueces, pero sí presentará las evidencias ante la fiscalía y los tribunales competentes.

El contralor informó que hay otras auditorías en curso, incluyendo a altos mandos de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, 70 asambleístas y entidades como la Corte Nacional, la Agencia Municipal de Tránsito en Manta y Durán, y el Registro de la Propiedad.

Torres reconoció que la capacidad de la Contraloría está desbordada, con aproximadamente 700 auditores para 3,440 entidades públicas. Sin embargo, afirmó que la nueva Ley de Integridad permitirá a la Contraloría autogestionar recursos provenientes de las glosas cobradas para mejorar sus capacidades operativas.

También se están auditando otras empresas estatales como Petroecuador y CNT, donde ya se han detectado responsabilidades por 12 millones de dólares en el caso Disney.

Mauricio Torres aseguró que la Contraloría actúa con total independencia y no ha recibido presiones de ningún partido político. “Nuestra labor es transparente, ética y basada en la ley”, afirmó.

La entrevista deja en evidencia una serie de irregularidades que van más allá de la emergencia energética, tocando temas estructurales como la rendición de cuentas, la transparencia en la contratación pública y la integridad del sistema judicial.

Las revelaciones de la Contraloría marcan un hito en la fiscalización de recursos públicos en Ecuador. Con más de 120 millones de dólares en glosas detectadas y una red de posibles actos de corrupción en el sistema judicial, el llamado a la rendición de cuentas se vuelve más urgente. La ciudadanía espera que estas investigaciones se traduzcan en justicia y en la recuperación de los recursos afectados.