Inés Alarcón asegura que el sistema nacional de cámaras busca fortalecer la seguridad ciudadana y apoyar a instituciones como el ECU 911.
La asambleísta Inés Alarcón presentó este martes un proyecto de ley orgánica para regular un sistema nacional de videovigilancia en Ecuador, con el objetivo de prevenir delitos y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante emergencias. La propuesta busca integrar las cámaras de seguridad públicas y privadas al centro de operaciones ECU 911, con miras a anticiparse a hechos violentos y resolver casos de manera más eficiente.

Durante su intervención, la asambleísta explicó que el proyecto tiene como finalidad crear un sistema centralizado que permita recopilar información en tiempo real proveniente de cámaras de videovigilancia de instituciones públicas, empresas privadas y gasolineras. “Lo que buscamos es tener la información a tiempo para que el Ministerio de Interior también pueda actuar a tiempo y de manera temprana”, afirmó.
Según Alarcón, Ecuador enfrenta una “verdad ineludible” en materia de seguridad, donde la reacción ante los delitos es tardía y poco efectiva. Por eso, consideró clave que todas las cámaras del país estén conectadas al ECU 911, lo que permitiría una mejor coordinación y una intervención más rápida por parte de las autoridades.
El proyecto también contempla una modernización y ampliación de las capacidades del ECU 911, que actualmente opera bajo la supervisión del Ministerio del Interior. “Nosotros estamos siendo muy reactivos en temas de seguridad. Lo que buscamos son temas de prevención, pero teniendo la información adecuada”, expresó la asambleísta.
Alarcón destacó que el uso de las cámaras no solo serviría para prevenir delitos, sino también para esclarecer situaciones como accidentes o crímenes. “Mientras más cerca tengamos la información, podamos conocer los sucesos que se dan en el momento, podemos tomar mejores decisiones”, sostuvo.
El proyecto será revisado por la Unidad Técnica Legislativa y posteriormente será sometido al Consejo de Administración Legislativa para determinar la comisión que lo tratará. Una vez iniciado el debate en comisiones, se espera que el informe de primer y segundo debate se realice en los plazos establecidos por el reglamento interno de la Asamblea.
Durante su exposición, Alarcón también se refirió a las observaciones presentadas por la Corte Constitucional sobre tres leyes aprobadas recientemente por el Parlamento. Afirmó que, aunque se respetará cualquier decisión judicial, es fundamental que el órgano de control actúe con responsabilidad ante el contexto de conflicto armado interno que vive el país.
“Vivimos en una guerra contra el narcotráfico y debe primar el derecho de los ciudadanos sobre el derecho personal”, concluyó.
Con este proyecto, el Legislativo busca ofrecer una herramienta más a las autoridades para combatir la inseguridad ciudadana. La integración de sistemas de videovigilancia podría representar un avance en la prevención del crimen, aunque también generará debates sobre privacidad y control estatal.







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