En los últimos días, voces críticas como la del analista Carlos Vera han advertido que las movilizaciones recientes en Ecuador no responden a un paro social, sino a una conspiración estructurada con actores claramente identificados: minería ilegal, narcotráfico, autoridades seccionales y sectores del movimiento Revolución Ciudadana en Imbabura.
Según Vera, esta provincia —declarada geoparque por su riqueza mineral— se ha convertido en epicentro de una red que busca desestabilizar al Estado. Recordemos: en 2019, tras una operación policial calificada como “impecable” por entonces la ministra María Paula Romo, el abandono posterior de la vigilancia permitió que zonas concesionadas legalmente fueran tomadas por actores ilegales.
Hoy, esa dinámica se repite, pero con un componente más grave: el cruce entre crimen organizado y poder político local. El gobierno, al enfocar la crisis como un asunto de seguridad nacional y no solo económico, podría tener más éxito.
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Pero el llamado es más amplio: la sociedad civil debe articular una coalición mínima en defensa de la democracia, como lo hizo España frente al terrorismo de ETA. Frente a una posible guerra de décadas, la unidad democrática es la única respuesta viable.
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