Marcela Aguiñaga advierte que reforma fiscal asfixiaría la inversión social en Guayas

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, manifestó su preocupación ante el proyecto de ley económica enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, el cual busca imponer nuevas reglas de disciplina fiscal a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Según versiones de la funcionaria, la propuesta actual limita el concepto de “inversión” únicamente a la construcción de infraestructura física, dejando fuera programas de seguridad, cultura, deportes y salud preventiva, lo que paralizaría servicios esenciales en los sectores más vulnerables de la provincia.

El riesgo de un modelo de inversión restrictivo

Aguiñaga enfatizó que, aunque Guayas no teme a la disciplina fiscal —la cual asegura aplicar desde el inicio de su gestión—, la reforma planteada por el Gobierno Nacional desconoce la realidad del territorio. La prefecta señaló que si se aprueba la normativa tal como está, la institución no podría financiar actividades de fumigación contra vectores durante el invierno ni mantener las escuelas de fútbol y centros culturales que operan en barrios con altos índices de violencia.

“La obra de desarrollo humano también es inversión”, puntualizó. Además, criticó que la reforma excluya los estudios de prefactibilidad del rubro de inversión, lo que impediría a las prefecturas acceder a créditos con organismos multilaterales, dado que estos exigen estudios técnicos previos para financiar puentes, vías o sistemas de riego.

Impacto en la autonomía y recaudación propia

Uno de los puntos más críticos señalados por la autoridad provincial es que las restricciones no se limitarían solo a las transferencias del Estado, sino que afectarían el presupuesto integral de los GAD, incluyendo sus ingresos propios. En el caso de los municipios, esto golpearía la capacidad de gestionar lo recaudado por impuestos prediales o patentes.

Para las prefecturas, que dependen en un 95% de las asignaciones del modelo de equidad territorial, la situación es más compleja debido a los atrasos recurrentes. Aguiñaga informó que el Gobierno Central adeuda a Guayas aproximadamente 65 millones de dólares, correspondientes a asignaciones de noviembre, diciembre y enero, además de deudas por devolución de IVA (FINCA) y competencias de riego.

🚨 La prefecta Marcela Aguiñaga advierte que la reforma fiscal del Gobierno pone en riesgo la inversión social en Guayas. Con una deuda de $65M pendiente, la Prefectura pide reciprocidad y reglas claras 👉 https://t.co/MaXGMig51z @marcelaguinaga @PrefGuayas @PrimeraPlanaECU pic.twitter.com/9vBqPOCXZ6

— PrensaEc (@PrensaEc1) February 9, 2026

Propuestas para una disciplina fiscal eficiente

En lugar de medidas que considera “asfixiantes”, la prefecta del Guayas planteó alternativas para mejorar la gestión pública sin sacrificar el bienestar ciudadano:

• Techo a la economía cultural: Establecer un porcentaje máximo del presupuesto destinado a festividades y conciertos para evitar el gasto excesivo.
• Incentivos a la eficiencia: Premiar a los GAD que superen los estándares de innovación y gestión, facilitando, por ejemplo, la entrega oportuna de garantías soberanas.
• Reciprocidad estatal: Que el Estado no cobre multas ni intereses (IESS, SRI, BDE) a los gobiernos locales cuando el retraso en los pagos sea provocado por la falta de transferencias del propio Ministerio de Finanzas.
• Elevación de la vara ética: Aguiñaga sugirió que, si se busca mayor rigor, la inversión obligatoria podría subir del 70% al 75%, siempre que los recursos lleguen a tiempo para garantizar la ejecución.

Falta de coordinación en el CONGOPE

Finalmente, Aguiñaga lamentó la falta de liderazgo en el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE). Afirmó que no ha existido una convocatoria formal para discutir estas preocupaciones de manera conjunta y que la comunicación con su presidente, Clemente Bravo, es mínima.

Ante las críticas que tildan su postura de “tibia” por no confrontar directamente al Ejecutivo, la prefecta respondió que el odio no es una política de Estado y que su enfoque es la política de la eficiencia, priorizando soluciones técnicas y el diálogo sobre las movilizaciones, especialmente ante la llegada de la temporada invernal y la crisis de inseguridad.