Cristian Zamora advierte impacto negativo de reforma al COOTAD en proyectos sociales

El alcalde de Cuenca señala que la propuesta del Ejecutivo reduciría los recursos para los municipios y afectaría servicios básicos de salud, seguridad y asistencia social.

Cristian Zamora advierte impacto negativo de reforma al COOTAD en proyectos sociales

En una reciente intervención, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, expresó su preocupación ante el proyecto de ley con carácter de económico urgente enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. La propuesta busca reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) para racionalizar el gasto corriente en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Según Zamora, aunque el objetivo de reducir la burocracia es positivo, la estructura de la reforma pone en riesgo el financiamiento de programas sociales, de seguridad y salud, al no ser considerados como inversión técnica, lo que derivaría en una reducción de las rentas estatales para las ciudades.

El desafío de la regla fiscal y el gasto corriente

El Gobierno Nacional justifica la reforma señalando un incremento en el gasto de personal de los municipios, el cual habría pasado del 30% en 2021 al 34.57% en 2024. El proyecto propone una regla fiscal estricta: los GAD deben destinar el 70% a inversión y máximo el 30% a gasto corriente.

De incumplirse esta normativa, la sanción económica sería severa. Las transferencias del ingreso permanente para los municipios bajarían del 21% al 15%, mientras que el ingreso no permanente se reduciría del 10% al 5%. Zamora enfatizó que esta medida, impulsada bajo directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI), busca “racionalizar el gasto”, pero cuestionó por qué la norma no se aplica con el mismo rigor al Gobierno Central.

La “amenaza” a la inversión social

El punto crítico de la controversia radica en qué define la ley como “inversión”. La propuesta actual solo considera como tales a las obras tangibles, activos físicos y equipamiento. Bajo este esquema, servicios fundamentales prestados por el Municipio de Cuenca, como la Guardia Ciudadana, centros de salud, guarderías municipales y programas de prevención de violencia de género, pasarían a ser contabilizados como gasto corriente (sueldos).

“Si los proyectos sociales no se consideran inversión, nos obligan a elegir: o quitamos las guarderías y la seguridad para cumplir la regla, o mantenemos los servicios y nos recortan millones de dólares en presupuesto”, advirtió el alcalde.

Eficiencia administrativa en Cuenca como referente

Zamora defendió su postura presentando cifras de su gestión. Aseguró que en Cuenca se ha logrado reducir el gasto corriente sin necesidad de la nueva ley. En diciembre de 2022, el municipio contaba con 2,335 empleados, cifra que disminuyó a 2,233 en 2025, a pesar de haber ampliado servicios como el centro de adicciones y la compra de maquinaria pesada.

El burgomaestre argumentó que la reforma introduce una “rigidez administrativa” peligrosa. Al separar estrictamente las cuentas de inversión de las de gasto corriente, los municipios no podrían utilizar recursos propios para cubrir atrasos del Gobierno Central en obras públicas, lo que podría derivar en la paralización de proyectos y conflictos con contratistas que no aceptan pagos en bonos del Estado.

Un llamado al archivo de la ley

Zamora solicitó a la Asamblea Nacional el archivo de la propuesta y la apertura de una mesa técnica con los GAD. “No podemos permitir una estocada a lo más sensible de la sociedad”, concluyó, instando a los asambleístas, especialmente de la provincia del Azuay, a considerar las repercusiones en la población más vulnerable antes de la votación.

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