El drama del sobreendeudamiento en Ecuador: alerta por 1.1 millones de demandas

Tres de cada 10 ecuatorianos tienen calificación crediticia mala o pésima. Expertos advierten sobre consecuencias sociales y legales, mientras crecen las estafas con “soluciones mágicas”.

El drama del sobreendeudamiento en Ecuador: alerta por 1.1 millones de demandas

En Ecuador, el 29.8% de la población registra una calificación crediticia mala o pésima, según datos compartidos por César Coronel, CEO de Defenza Deudores EC, en una entrevista con A Primera Hora. Este fenómeno, vinculado a más de 1.1 millones de demandas judiciales por deudas en dos años, genera estrés, divorcios e incluso casos de suicidio, exponiendo la urgencia de políticas de educación financiera y regulación crediticia.

Cifras alarmantes: el peso del sobreendeudamiento

Según Coronel, tres de cada 10 ecuatorianos no pagan sus deudas a tiempo, lo que deteriora su historial en el Buró de Crédito. La calificación cae por debajo de 600 puntos al incumplir pagos, incluso por un solo día. En Pichincha, epicentro de la crisis, se registraron más de 300.000 demandas judiciales en dos años. Estas cifras reflejan un incremento desde el 25-27% reportado años atrás, señala el experto.

La deuda se ha normalizado en gastos cotidianos: el 23% de las compras en supermercados se realizan con pagos diferidos. “Muchas familias hoy comen en cuotas”, advierte Coronel, destacando que el endeudamiento para bienes de consumo inmediato —como alimentos navideños— es un error financiero grave.

Consecuencias sociales: más allá de las cifras

El sobreendeudamiento trasciende lo económico. Coronel enumera estrés, ansiedad, alcoholismo y violencia intrafamiliar como efectos colaterales. Revela que es la segunda causa de divorcio en el país y menciona casos extremos de suicidio vinculados a deudas. Además, el 60% de las demandas en Pichincha son por cobro de pagarés, un proceso ejecutivo que, de no responderse en 15 días, conduce a embargos sin posibilidad de defensa.

Un caso ejemplifica el riesgo: una mujer pagó $15.000 de una deuda de $20.000, pero al no contestar la demanda, el juez ordenó el pago total más intereses. “Perdió su derecho a acreditar los abonos”, subraya Coronel.

¿Cómo recuperarse? Mitos y realidades

Ante consultas sobre cómo mejorar la calificación crediticia, Coronel desmiente “soluciones mágicas” promovidas en redes sociales. No existen fórmulas para eliminar deudas: solo el pago o una orden judicial (por fraudes o prescripción) las borra del Buró. Tras saldar obligaciones, la calificación sube gradualmente, pero si la deuda fue declarada “castigada”, el bloqueo financiero persiste al menos dos años.

Recomienda:

  1. Revisar el Buró anualmente (vía Superintendencia de Bancos, apps bancarias o empresas como Kifax).
  2. Negociar dentro de procesos judiciales: es posible condonar intereses o parte del capital.
  3. Usar tarjetas pignoradas (respaldadas por depósitos) para reconstruir historial.
El drama del sobreendeudamiento en Ecuador: alerta por 1.1 millones de demandas

Corresponsabilidad: el rol de acreedores y Estado

Coronel critica la falta de análisis crediticio al otorgar tarjetas, citando el caso de una mujer con ingresos básicos a quien le aprobaron un cupo de $30.000. Ecuador es el tercer país de Latinoamérica con más tarjetahabientes (promedio de cinco por persona), según el Banco Mundial. Urge, dice, legislar para que acreedores y deudores negocien sin llegar a demandas.

También descarta propuestas políticas como eliminar el Buró de Crédito: “Sería caer en el mapa financiero global. Países como Chile tienen sistemas similares (Dicom)”.

El sobreendeudamiento en Ecuador demanda acción multisectorial: educación financiera desde edades tempranas, regulación a entidades crediticias y acceso a asesoría legal especializada. Como señala Coronel, “endudarse no es malo si se hace para bienes de larga duración, pero hoy convertimos hasta la leche en un crédito”. La solución requiere romper ciclos de impago y construir hábitos responsables, lecciones urgentes para un país donde 1.1 millones de demandas reflejan una crisis silenciosa.

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