A partir de 2026, Ecuador sancionará a funcionarios con bajo rendimiento

El reglamento a la Ley de Integridad Pública define parámetros, sanciones y consecuencias laborales para los funcionarios.

El reglamento a la Ley de Integridad Pública —que ya fue emitido a través del Decreto Ejecutivo 57, y detalla el proceso de evaluación que se hará a los servidores públicos dos veces al año. Este proceso, establecido por la LOIP, busca medir el rendimiento y aplicar sanciones a partir de 2026. La medida representa un cambio significativo en la gestión del talento humano en el sector público.

La evaluación se basará en seis parámetros definidos en la Ley de Integridad Pública. Estos son: cumplimiento de metas, calidad del trabajo, conducta institucional, eficiencia, responsabilidad y aportes al mejoramiento institucional. Aunque la ley está vigente, el reglamento específico que define los rangos de calificación y los procedimientos aún se encuentra en elaboración por parte del Ministerio del Trabajo.

Según explicó la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, los resultados de estas evaluaciones tendrán consecuencias directas en la carrera administrativa de los funcionarios. Quienes obtengan una calificación de “muy bueno” o “excelente” tendrán acceso a ascensos, recategorizaciones, comisiones de servicio y reconocimientos. Una calificación “satisfactoria” permitirá el acceso a programas de capacitación.

Las consecuencias se vuelven más severas para calificaciones bajas. Un funcionario con desempeño “regular” deberá ser reevaluado en tres meses; si no mejora, será destituido mediante un sumario administrativo. La calificación “insuficiente”, especialmente si se repite en dos ocasiones o se deriva de una deficiencia laboral grave, será causal directa de destitución, garantizando al servidor el derecho a la defensa y a presentar pruebas.

A partir de 2026, se aplicarán sanciones automáticas a quienes obtengan 50 puntos o menos en la evaluación. Hasta ahora, las evaluaciones se realizaban anualmente. Con la reforma al reglamento general de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), a través del Decreto Ejecutivo 57, firmado por el presidente Daniel Noboa el 22 de julio de 2025, el proceso pasará a ser semestral.

El reglamento también incluye disposiciones que permiten modificar la modalidad laboral de los empleados. Por ejemplo, si un servidor bajo la modalidad de teletrabajo obtiene una calificación inferior a “satisfactorio”, su entidad podrá exigir que preste sus servicios de forma presencial. Esta medida, según el artículo 26.1 del nuevo reglamento, no se considerará una sanción ni una vulneración de derechos laborales.

Este cambio busca asegurar que las actividades críticas se ejecuten con la presencia física cuando sea necesario, según el criterio del superior inmediato o por bajo rendimiento comprobado.

La implementación de este sistema de evaluación semestral marca un hito en la modernización de la administración pública ecuatoriana. Aunque aún se espera el reglamento definitivo, las bases sentadas buscan mejorar la eficiencia, la rendición de cuentas y la calidad del servicio al ciudadano. Sin embargo, su éxito dependerá del diseño técnico del instrumento de evaluación y de la transparencia en su aplicación.