El debate sobre el impuesto a vehículos usados: ¿Combate al lavado de activos o estrategia recaudatoria?

Expertos cuestionan la efectividad del proyecto de ley en su objetivo de combatir el lavado de activos y plantean alternativas menos perjudiciales para los ciudadanos.

El proyecto de ley propuesto por el Gobierno ecuatoriano, que introduce un impuesto progresivo de hasta el 5% sobre la compra de vehículos usados, genera debate. David Molina, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz, cuestiona su eficacia para combatir el lavado de activos y señala que podría tratarse de una estrategia recaudatoria que afecta a los más vulnerables.

El proyecto de ley en discusión plantea un impuesto progresivo entre el 1% y el 5% para las transacciones de vehículos usados, justificándolo como una medida para combatir el lavado de activos. Sin embargo, David Molina aclara que este impuesto ya existe, aunque actualmente tiene una tarifa fija del 1%. Lo que el nuevo marco legal propone es la eliminación de esta tasa para reemplazarla por un impuesto con tarifas variables, cuya regulación dependerá de un reglamento aún indefinido.

Molina advierte que la relación entre este gravamen y el combate al lavado de activos es cuestionable. A su juicio, el objetivo real del proyecto parece ser aumentar la recaudación estatal. Según estimaciones, el gobierno espera recaudar entre 60 y 80 millones de dólares anuales con este impuesto, una cifra significativa que, sin embargo, afectaría directamente a unas 360,000 transacciones de vehículos usados realizadas anualmente en Ecuador.

El sector automotriz ha identificado alternativas para incrementar los ingresos estatales sin recurrir a medidas regresivas. Una propuesta clave es la reclasificación técnica de los vehículos híbridos. Según Molina, el 80% de los híbridos comercializados en el país son en realidad “micro híbridos”, vehículos a combustión que incluyen una pequeña batería eléctrica pero que no cumplen los estándares internacionales de propulsión híbrida definidos por la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Al corregir esta clasificación, se generaría una recaudación adicional de hasta 120 millones de dólares anuales, superando ampliamente los ingresos proyectados con el impuesto progresivo.

Otro punto crucial es la falta de un mecanismo claro para establecer precios referenciales en el mercado de vehículos usados. El proyecto intenta regular esta práctica para prevenir la subdeclaración de valores, lo cual podría combatir la evasión tributaria. No obstante, Molina recalca que esto no justifica el incremento del impuesto ni su supuesta vinculación con el lavado de activos.

Molina enfatizó que gravar a los compradores de vehículos usados —un segmento de la población con menor poder adquisitivo— no es la solución más adecuada. Además, destacó que, si el gobierno busca fortalecer las capacidades tecnológicas y administrativas para combatir el lavado de activos, debería explorar alternativas más equitativas y menos disruptivas para el mercado.

La propuesta de reclasificación técnica no solo corrige distorsiones en el mercado, sino que también alinea al país con estándares internacionales, mejora la competitividad de los importadores de vehículos híbridos reales y evita perjudicar a miles de familias ecuatorianas. Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos políticos y resistencias dentro del gobierno y de ciertos sectores empresariales.

El debate continúa, con posiciones divididas tanto en el Parlamento como entre los actores del sector automotriz. La discusión pone en evidencia la necesidad de políticas públicas que sean claras, efectivas y socialmente responsables, evitando medidas que generen más perjuicios que beneficios para la ciudadanía. ¿Es este impuesto una solución al lavado de activos o simplemente un recurso recaudatorio con un impacto negativo en los ciudadanos?

Fuente: A PRIMERA HORA | prensa.ec