El país busca medidas drásticas para frenar el implacable avance del crimen organizado
Este domingo, cerca de 13,6 millones de los 17,7 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para decidir sobre once propuestas del presidente Daniel Noboa, encaminadas a endurecer la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada que ha sumido al país en una crisis de violencia sin precedentes.
La violencia desatada por las bandas criminales ligadas al narcotráfico ha escalado dramáticamente en los últimos años en Ecuador. En 2023, el país registró una tasa récord de 43 homicidios por cada 100.000 habitantes, un aumento alarmante desde los 6 por cada 100.000 en 2018. Los ecuatorianos han sido testigos de una ola de asesinatos de alcaldes, políticos y líderes comunitarios, víctimas del implacable avance de estas organizaciones delictivas.
Ante esta situación crítica, el presidente Noboa ha declarado un “conflicto armado interno” y ha propuesto una serie de medidas drásticas en un referendo nacional. Entre las propuestas más controvertidas, se encuentra la extradición de nacionales vinculados al crimen organizado, una práctica actualmente prohibida por la Constitución ecuatoriana.
Otra de las propuestas clave es permitir que las Fuerzas Armadas brinden apoyo permanente a la Policía en operaciones contra las bandas criminales, sin necesidad de decretar estados de excepción. Esto ampliaría significativamente el rol de los militares en la lucha contra el crimen organizado.
Además, se plantea endurecer las penas por delitos graves como terrorismo, narcotráfico y trata de personas, así como eliminar beneficios penitenciarios para garantizar que los criminales cumplan sus condenas completas en prisión.
Noboa también busca simplificar los procesos de expropiación de bienes de origen ilícito y destinar el armamento incautado a las fuerzas estatales, en un esfuerzo por debilitar financiera y logísticamente a estas organizaciones delictivas.
Aunque el referendo ha sido ampliamente respaldado por una población hastiada de la violencia, las propuestas han generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición, quienes advierten sobre el riesgo de militarización y erosión de las libertades civiles.
“Comprendemos la urgencia de frenar la violencia, pero estas medidas deben implementarse con estricto apego al Estado de Derecho y al respeto de los derechos humanos”, señaló Amnistía Internacional en un comunicado.
Más allá de la polémica, el referendo refleja la desesperación de un país sumido en una crisis de seguridad sin precedentes. Según datos oficiales, en los primeros tres meses de 2024, se han registrado más de 1.200 homicidios, un aumento del 30% en comparación con el mismo período del año anterior.
Mientras tanto, el Gobierno ha intensificado sus esfuerzos por desmantelar las estructuras de las bandas criminales, con operativos militares y policiales en las cárceles, consideradas los centros de operaciones de estos grupos.
Sin embargo, analistas advierten que las medidas punitivas por sí solas no serán suficientes para abordar las causas profundas del crimen organizado, como la pobreza, la desigualdad y la débil presencia estatal en ciertas regiones del país.
“Necesitamos un enfoque integral que combine acciones de seguridad con programas de desarrollo social y económico en las zonas más vulnerables”, explicó Santiago Basabe, politólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
A medida que se acerca la fecha del referendo, el país se encuentra en una encrucijada: ¿Estará dispuesto a sacrificar ciertas libertades a cambio de una mayor seguridad? La decisión de los ecuatorianos el próximo domingo podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Fuente: prensa.ec
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