¿Protesta social o tapadera para actividades ilegales?

¿Protesta social o tapadera para actividades ilegales?

La violencia en Imbabura no responde solo a una protesta por el precio del diésel. En su editorial “Un Café con JJ”, Jimmy Jairala plantea que tras los disturbios hay factores estructurales poco visibles: minería ilegal en la zona de Buenos Aires, presencia masiva de ciudadanos colombianos en Otavalo —según fuentes empresariales— y cooperativas financieras sospechosas que recaudan sin colocar fondos.

Jairala señala que el ajuste en el precio del combustible afecta directamente a redes ilegales, al reducir la ventaja de comprar diésel en Ecuador frente a Colombia. Esto, dice, podría explicar la intensidad de la violencia en la región norte.

No obstante, condena sin ambigüedades dos hechos: el ataque vandálico contra un convoy humanitario —con camiones incendiados, militares secuestrados y heridos— y, por otro lado, la agresión de militares contra un ciudadano que intentaba auxiliar a una persona herida. “Lo de ayer no tiene ninguna justificación”, afirma.

Aunque reconoce que sectores legítimos protestan, advierte que actores externos —posiblemente no vinculados a la CONAIE— están infiltrando las movilizaciones. Su llamado: investigar con rigor las causas profundas, sin caer en justificaciones políticas ni en silencios cómplices.

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