Ayer ocurrió algo inédito en el Legislativo ecuatoriano. Un pedido de juicio político contra la ministra de Energía y Minas fue bloqueado antes incluso de ser evaluado. Sin informe técnico, sin análisis de requisitos… simplemente, con cuatro votos a favor, cuatro en contra y una abstención, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) decidió no dar curso al trámite.
Según Fabricio Vela, director de Primera Plana, esto no tiene precedentes. El CAL no tiene facultad para negar el paso inicial: su obligación era remitir el pedido a la Unidad Técnica Legislativa (UTL) para que verificara el cumplimiento de requisitos formales. No se analiza el fondo, solo la legalidad del trámite. Pero ni siquiera eso hicieron.
Este acto dinamita el control político del Estado. Si se salta el proceso, se debilita la fiscalización. ¿Qué está pasando con las instituciones? ¿Desde cuándo un órgano administrativo puede decidir unilateralmente enterrar una acusación constitucional?
Respetar las formas no es un trámite burocrático: es la base de la democracia. Y cuando se ignoran, el mensaje es claro: algunos están por encima de la ley.
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