Informe alerta sobre expansión petrolera en territorios indígenas del Ecuador

El 64% del territorio Waorani está superpuesto con bloques petroleros, según análisis presentado antes de la COP30.

Un informe publicado el 5 de noviembre de 2025 advierte que la Amazonía ecuatoriana enfrenta una expansión petrolera sin precedentes que amenaza directamente a los pueblos indígenas, particularmente al pueblo Waorani, cuyo 64% de territorio reconocido (más de 800.000 hectáreas) se superpone con bloques petroleros activos o planificados. El estudio, elaborado por la Alianza Global de Comunidades Territoriales (GATC), la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y Earth Insight, revela impactos sanitarios, ambientales y culturales severos, mientras propone soluciones basadas en cinco demandas clave rumbo a la COP30.

La Amazonía ecuatoriana en primera línea de amenaza

El territorio Waorani, ubicado en las provincias de Orellana y Pastaza, concentra la mayor parte de las concesiones petroleras en la Amazonía ecuatoriana. Según el informe presentado en el marco de la COP30, estas operaciones no solo afectan la integridad de los bosques, sino que impactan directamente en la salud de las familias que dependen de ríos y quebradas contaminadas por la actividad extractiva.

Los datos son alarmantes: más del 70% de las mujeres indígenas en estas provincias presentan afecciones relacionadas con el consumo de agua contaminada por hidrocarburos. El documento señala que de más de 3.500 sitios contaminados identificados por el sector petrolero ecuatoriano, solo la mitad ha sido restaurada ecológicamente.

“La Madre Selva Amazonas da lluvia a las nubes y forma ríos en el cielo. Si la selva desaparece, se llevará consigo la lluvia y los ríos”, advierte Fany Kuiru, Coordinadora General de COICA. “Los bosques han soportado el saqueo, el deterioro y el fraccionamiento durante siglos”, añade, destacando la resistencia ancestral frente a las presiones industriales.

Impactos en salud, biodiversidad y derechos colectivos

Los efectos de la actividad petrolera se manifiestan en múltiples niveles: contaminación de fuentes de agua, desplazamiento de comunidades, afectación de la fauna y flora, y debilitamiento de las estructuras culturales y sociales tradicionales. La pérdida de biodiversidad en los ecosistemas amazónicos ecuatorianos tiene implicaciones globales, ya que estos bosques funcionan como reservorios de carbono y reguladores climáticos esenciales para el planeta.

El informe documenta al menos 130 casos de contaminación oficial en el territorio Waorani entre 2008 y 2017. Además, revela que el 42% del Parque Nacional Yasuní, una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta, se superpone con bloques petroleros. El 47% del territorio Waorani está ocupado por bloques de producción y el 15% por bloques no asignados.

Juan Carlos Jintiach, Secretario Ejecutivo de la GATC, enfatiza: “Dejen que trabajen con nosotros. Que nos escuchen. Seamos aliados, no simplemente beneficiarios. Seamos aliados en este proceso y seamos reconocidos con justicia e igualdad para las futuras generaciones”.

Hallazgos clave: una crisis regional

El análisis satelital y la revisión de concesiones oficiales muestran un panorama preocupante para toda la Amazonía. Más de 43 millones de hectáreas de territorios indígenas están actualmente amenazadas por actividades extractivas como petróleo, gas, minería y tala industrial. De estas, 31 millones de hectáreas se superponen con bloques de petróleo y gas, 9,8 millones con concesiones mineras y 2,4 millones con permisos de tala industrial.

Ecuador, Perú, Brasil y Colombia concentran los mayores focos de riesgo. En estos países, la expansión de la frontera extractiva ha generado conflictos socioambientales, pérdida de bosques primarios y criminalización de líderes comunitarios. En toda la región amazónica se observa un patrón creciente de degradación de ecosistemas, afectación de fuentes de agua y ruptura del tejido social y cultural de las comunidades.

El informe advierte que la Amazonía, responsable de generar diariamente 20.000 millones de toneladas de agua en forma de “ríos voladores”, ya ha visto reducirse sus lluvias en un 74% debido a la deforestación y la pérdida de cobertura vegetal.

Los derechos vulnerados: consentimiento y consulta

Una de las críticas más contundentes del informe es la falta de aplicación del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en los proyectos extractivos. El documento señala que la expansión de nuevos proyectos petroleros continúa ejecutándose sin garantizar este derecho fundamental, vulnerando tanto la Constitución ecuatoriana como los tratados internacionales suscritos por el país.

Este contexto se agrava tras la histórica victoria de los pueblos Tagaeri y Taromenane ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2025, que determinó que el Estado ecuatoriano había violado múltiples derechos de las comunidades waoroni en aislamiento voluntario al permitir operaciones petroleras dentro y alrededor del Parque Nacional Yasuní. La sentencia también resaltaba el incumplimiento por parte del gobierno de un referéndum nacional de 2023 contra la extracción de petróleo en el parque.

Una hoja de ruta para la justicia climática y territorial

El informe propone una hoja de ruta basada en las “Cinco Demandas” de la GATC, adoptadas en la reciente Declaración de Brazzaville (2025):

1. Reconocer los derechos territoriales como pilar de la estabilidad climática
2. Garantizar el consentimiento libre, previo e informado en todos los proyectos extractivos
3. Canalizar financiamiento directo hacia las comunidades, no a intermediarios
4. Proteger la vida de los líderes y defensores de la tierra
5. Integrar el conocimiento ancestral indígena en las políticas de biodiversidad y desarrollo sostenible

Estas demandas buscan transformar el paradigma actual, pasando del reconocimiento simbólico a la acción efectiva, centrando la gobernanza y las políticas climáticas en el liderazgo de los pueblos indígenas.

Un llamado urgente antes de la COP30

La Amazonía ecuatoriana representa uno de los corazones vitales del equilibrio climático global. Los autores del informe advierten que su destrucción no solo significaría la pérdida de ecosistemas únicos, sino la ruptura del vínculo entre las comunidades y su entorno espiritual y cultural.

Ecuador, como país amazónico y sede de importantes organizaciones indígenas, desempeña un papel clave en los esfuerzos de protección regional y global. La Declaración de Brazzaville (2025) y las Cinco Demandas de la GATC se reafirman como la hoja de ruta para los gobiernos, instituciones y financiadores internacionales que buscan transitar de la extracción hacia la regeneración.

“El futuro de los bosques tropicales y de todo el mundo es inseparable de los derechos, la gobernanza y la gestión de los pueblos indígenas y las comunidades locales”, reza el documento. “Cuando los territorios indígenas son respetados y protegidos, los ecosistemas prosperan. La defensa de los derechos territoriales es, por tanto, una condición para la estabilidad climática y la supervivencia cultural.”