El “corazón social” de Ecuador en riesgo por reforma al COOTAD

Autoridades locales advierten que el proyecto del Ejecutivo recortaría $1.000 millones y paralizaría programas de salud, educación y seguridad.

Una muestra de unidad política, prefectos, alcaldes y presidentes de juntas parroquiales de Ecuador solicitaron este martes el archivo del proyecto de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Los funcionarios denuncian que la propuesta del Ejecutivo, enviada con carácter de económico urgente, utiliza una “concepción errónea” de la inversión que obligaría a recortar programas sociales esenciales para cumplir con nuevas reglas fiscales, afectando directamente a los sectores más vulnerables del país.

Un cambio de reglas que golpea la inversión social

El eje de la controversia radica en la reclasificación del gasto. Según el alcalde de Cuenca y presidente de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones (FLAMA), Cristian Zamora, la reforma cataloga sueldos de médicos, profesores, psicólogos y agentes de seguridad como “gasto corriente” y no como “inversión social”.

Al imponer un techo de gasto corriente del 30%, los municipios que financian centros de salud, comedores populares y proyectos de protección a mujeres víctimas de violencia se verían imposibilitados de cumplir la norma. “Para mantener las rentas, tendríamos que cortar proyectos sociales fundamentales para no ser sancionados”, alertó Zamora.

El riesgo de la paralización de la obra pública

Además del impacto social, las autoridades advierten sobre un posible colapso en la infraestructura. La reforma limitaría la capacidad de los GAD para utilizar recursos propios en caso de retrasos en las transferencias del Gobierno Central, una situación que, según los prefectos, es recurrente.

• Deuda pendiente: El Ejecutivo mantiene una deuda cercana a los $1.180 millones con los gobiernos locales.
• Vicios legales: Pabel Muñoz, alcalde de Quito, señaló que la ley carece de “principio de generalidad”, al aplicar criterios de inversión distintos para el Gobierno Central y para los gobiernos locales.
• Estudios técnicos: La reforma impediría considerar el pago a arquitectos e ingenieros para estudios definitivos como inversión, frenando la planificación de nuevas obras.

Impacto en la ruralidad y el empleo

La preocupación se extiende a las 824 juntas parroquiales. Andrés Giza, representante ante el Consejo Nacional de Competencias, desmintió que la ruralidad esté a salvo de la reforma. Advirtió que solo en la provincia de Pichincha, cerca de 3.700 promotores sociales podrían quedar en el desempleo y más de 8.000 niños perderían el acceso a Centros de Desarrollo Infantil (CDI) si se cortan las transferencias municipales y provinciales hacia las parroquias.

La reforma al COOTAD marca un punto de inflexión en la autonomía de los GAD. Autoridades denuncian vicios de inconstitucionalidad y un posible recorte de $1.000 millones. ¿Se paralizará la obra pública? 👉 https://t.co/8xCL6XUC2v @CongopeEcuador @ConagopareN @AMEcuador pic.twitter.com/bYcQloFIyu

— PrensaEc (@PrensaEc1) February 10, 2026

El llamado al archivo

Ante lo que consideran una propuesta “inconstitucional” e “inaplicable”, las autoridades hicieron un llamado directo a Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, para que se archive el proyecto y se abra una mesa de diálogo técnico. “No es un tema de partidos, es un tema de supervivencia de los servicios para los más pobres”, concluyó la prefecta de Pichincha, Paola Pabón.