Concejales de Guayaquil exigen respuestas tras atentado

Durante la sesión 135 del Concejo Cantonal, ediles denunciaron la falta de avances en la investigación del coche bomba y criticaron la inacción del gobierno nacional frente a la inseguridad.

En la sesión ordinaria número 135 del Concejo Cantonal de Guayaquil, celebrada el viernes 17 de octubre de 2025, concejales de distintas bancadas exigieron al gobierno nacional respuestas urgentes y transparentes sobre el atentado con explosivos ocurrido el 14 de octubre frente al Mall del Sol, un acto calificado como terrorismo que ha generado alarma en la ciudad. La vicealcaldesa, en representación del alcalde, junto con ediles como Nelly Puyas, Alfredo Batista, Arturo La Via, Blanca López y Marco Astudillo, cuestionaron la ausencia de resultados investigativos pese a la evidencia presentada por el ministro del Interior, Juan Zapata Reinberg, incluyendo un celular sospechoso vinculado a la detonación.

Denuncias desde el Concejo: “Guayaquil no puede esperar”

La sesión comenzó con una intervención de la vicealcaldesa, delegada del alcalde, quien recordó que el ministro del Interior publicó en redes sociales imágenes de cuatro cargas explosivas de alto poder y un dispositivo electrónico —presuntamente un celular— hallado en el lugar del atentado. “Este celular pudo recibir mensajes o llamadas para activar las bombas”, señaló, destacando que este método es común en actos terroristas en América Latina.

La concejala Nelly Puyas exigió acceso inmediato a los registros de las antenas de Claro y Movistar para identificar posibles llamadas o mensajes enviados alrededor de las 6:30 de la mañana del 14 de octubre, hora estimada de la explosión. “¿Por qué no tenemos todavía los datos de quién hizo esa llamada?”, cuestionó, y recordó el caso de La Bahía, donde, según dijo, tampoco hubo claridad sobre la presencia de un vehículo vinculado a una empresa molinera.

Impacto en turismo y comercio: “El país se está desangrando”

El concejal Alfredo Batista subrayó que el ataque ocurrió en un corredor turístico, algo inédito en Guayaquil, y que esto representa un golpe severo al sector turístico y comercial. “Nunca habíamos visto algo así en una zona segura. Necesitamos respuestas contundentes, no comunicados vagos”, afirmó, aludiendo a un reciente boletín de la Fiscalía que, a su juicio, no aportó información útil.

Batista también criticó la asimetría en la respuesta estatal: “Mandan tanquetas contra manifestantes, pero no investigan a quienes detonan coches bomba”. Su intervención resonó con otros ediles que coincidieron en que la inseguridad está erosionando la vida cotidiana de los ciudadanos, quienes viven tras rejas y en constante alerta.

Atentado: concejales de Guayaquil exigen al gobierno datos de llamadas al celular hallado en el coche bomba. ¿Por qué no hay avances? 👉 https://t.co/9p8wsKmAUC @taticoronelf @alcaldiagye @segura_ep pic.twitter.com/GM1gP12nIz

— PrensaEc (@PrensaEc1) October 17, 2025

Críticas a la inacción judicial y llamados a la unidad

El concejal Marco Astudillo denunció que, pese a que SEGURA EP (la empresa de seguridad municipal) ha entregado pruebas y videos a la Fiscalía, los presuntos responsables han obtenido sobreseimientos o libertad. “Presentamos al autor del coche bomba y no hacen nada. ¿Dónde está la justicia?”, se preguntó, advirtiendo que, sin coordinación entre gobierno central, Gobernación y municipio, Guayaquil podría convertirse en una “Medellín de los años 90”.

Por su parte, Arturo La Via recordó que los ciudadanos aceptaron un incremento del IVA con la promesa de mayor seguridad, pero “hasta ahora no vemos resultados”. Insistió en que la Constitución asigna la seguridad al Estado central, por lo que “ellos deben responder”.

Represión vs. inseguridad: una doble crisis

La concejala Blanca López amplió el debate al condenar la represión policial en Otavalo e Imbabura, así como en el Malecón de Guayaquil, donde manifestantes fueron dispersados con fuerza. “No podemos mirar hacia otro lado mientras se violan derechos fundamentales”, dijo, y cuestionó la priorización de la fuerza pública: “Movilizan miles contra protestas, pero no contra bandas que matan a niños”.

López también señaló que más de 6.400 personas han muerto violentamente en lo que va del año, y que la deserción escolar y la falta de medicinas agravan la crisis. “Esto no es una competencia política. Aquí pierden los ecuatorianos”, concluyó.

Entre el miedo y la exigencia de justicia

La sesión reflejó una ciudad en tensión, donde la inseguridad ya no es solo un problema de delincuencia, sino una crisis de gobernanza. Los concejales, más allá de diferencias políticas, coincidieron en un mensaje unánime: Guayaquil exige hechos, no discursos. Con más de 34.000 cámaras de vigilancia y herramientas tecnológicas disponibles, la pregunta persiste: si las autoridades tienen los medios para investigar, ¿por qué no hay resultados?

Mientras el miedo se instala en los barrios y los turistas evitan zonas antes seguras, el Concejo Cantonal ha convertido su tribuna en un altavoz de la ciudadanía. Ahora, la pelota está en la cancha del gobierno nacional.