Un juez constitucional aceptó una medida cautelar solicitada por el interventor de la Concentración Deportiva de Pichincha, ordenando al alcalde de Quito suspender la inscripción del Estadio Olímpico Atahualpa en el Registro de la Propiedad del Municipio.
La disputa por la propiedad y gestión del Estadio Olímpico Atahualpa en Quito ha dado un nuevo giro con la aceptación de una medida cautelar por parte de un juez constitucional. La resolución judicial, solicitada por Romel Leonardo González Orlando, interventor de la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP), ordena al alcalde de Quito, Pabel Muñoz López, detener el proceso de inscripción del estadio a nombre del municipio.
El juez no solo dirigió la medida contra el alcalde de Quito, sino que también incluyó al Procurador Síndico Municipal y a todos los concejales metropolitanos, incluyendo a la vicealcaldesa María Fernanda Racines y otros 20 ediles, así como al Procurador General del Estado. La medida cautelar suspende la protocolización e inscripción de la resolución municipal que pretendía registrar el bien inmueble del estadio en el Registro de la Propiedad del Municipio.
El Municipio de Quito respondió que el Estadio Atahualpa ya está registrado en el Registro de la Propiedad del Municipio y anunció que acudirá a la corte el jueves. Wilson Merino, concejal de Quito, criticó la acción del Consejo Metropolitano por considerarla ilegal y por actuar sin adecuada base jurídica. Merino instó al alcalde a iniciar un proceso de mediación con el Ministerio del Deporte, ya que la CDP está actualmente intervenida por este ministerio.
Andrés Campaña, otro concejal de Quito, señaló la necesidad de garantizar el debido proceso y cuestionó la competencia del Concejo Metropolitano para proceder con la revocatoria de la donación o permuta del estadio. Campaña también planteó incertidumbre sobre el futuro del Parque del Arbolito, que estaba previsto como parte de la permuta.
El Ministerio del Deporte emitió un comunicado oficial reiterando su compromiso con el respeto a la normativa legal y la institucionalidad deportiva. El ministerio reconoció que la CDP presentó una acción de protección y que este proceso está en trámite judicial. El Ministerio del Deporte ha habilitado instalaciones alternativas para los deportistas afectados y ha impulsado un diálogo abierto con las instituciones involucradas. El ministerio enfatizó que su interés es precautelar el patrimonio simbólico y funcional del estadio y que el deporte debe permanecer al margen de conflictos políticos y administrativos.
La medida cautelar que frena la inscripción del Estadio Olímpico Atahualpa como bien municipal en Quito pone de manifiesto la importancia de resolver conflictos legales de manera objetiva y conforme a derecho. Mientras tanto, es crucial garantizar que el deporte y los deportistas no se vean afectados por las disputas administrativas y políticas. El compromiso del Ministerio del Deporte con la legalidad y la institucionalidad deportiva debe ser un ejemplo para todas las partes involucradas, buscando siempre soluciones que beneficien al deporte ecuatoriano y a los atletas.
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