Informe 2024 de Derechos Humanos en Ecuador revela abusos

El informe anual del Departamento de Estado de EE.UU. señala ejecuciones arbitrarias, restricciones a la prensa y violaciones laborales tras el estado de excepción decretado en enero.

El Country Report on Human Rights Practices 2024, elaborado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos y presentado al Congreso, evalúa la situación de los derechos humanos y laborales en Ecuador durante el año 2024. El documento destaca el impacto de once estados de excepción, medidas de seguridad frente al crimen organizado y una serie de irregularidades que van desde ejecuciones arbitrarias hasta limitaciones a la libertad de expresión y obstáculos para la sindicalización.

En enero de 2024, el presidente Daniel Noboa decretó un estado de emergencia para atajar la violencia de grupos criminales locales y trasnacionales. Con el decreto se catalogaron 22 organizaciones criminales como “terroristas” y se autorizó la participación de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad, durante las cuales 15 personas perdieron la vida, señaladas como bajas colaterales en combate contra el crimen organizado.

A lo largo del año, el Ejecutivo emitió once decretos que extendieron y renovaron estados de excepción para enfrentar no solo la delincuencia sino también crisis como apagones por sequía. La Corte Constitucional declaró inconstitucionales dos de esos decretos y limitó el alcance de otros dos, al estimar que excedían facultades presidenciales o afectaban derechos fundamentales.

El informe documenta además al menos ocho muertes o intentos de homicidio contra autoridades locales, entre ellas el asesinato de la concejal Diana Carnero en Guayas. En total, medios de comunicación reportaron siete víctimas fatales de agresiones dirigidas a líderes políticos a lo largo de más de diez incidentes.

Aunque la Constitución garantiza la libertad de expresión, la ley sanciona como delito el uso de “expresiones descalificantes” con hasta 30 días de prisión, un instrumento que no se aplicó este año pero que sigue en el ordenamiento.

La ONG Fundamedios registró 22 agresiones contra medios y periodistas entre enero y agosto, perpetradas mayoritariamente por grupos criminales para silenciar investigaciones. El caso más grave ocurrió el 30 de enero, cuando una banda irrumpió en vivo en los estudios de TC Televisión y Gamavisión en Guayaquil, agredió y secuestró a varios trabajadores.

El informe también recoge denuncias de vigilancia gubernamental de comunicaciones y bloqueos para acceder a fuentes oficiales. Sin embargo, el Ejecutivo firmó en marzo las Declaraciones de Chapultepec y Salta para reafirmar su compromiso con la libre expresión y, en agosto, emitió un decreto que establece protocolos de protección a periodistas, desde el monitoreo de amenazas hasta capacitaciones en seguridad.

La legislación reconoce el derecho a sindicalizarse, negociar colectivamente y hacer huelga, aunque impone requisitos mínimos—30 trabajadores para fundar un sindicato y 50 % de afiliación para negociar—que retrasan el registro y la representatividad. Además, el Estado prohíbe la negociación y las huelgas en amplios “sectores estratégicos”, con penas de hasta cinco años de prisión para quienes las desobedezcan.

A pesar de sanciones monetarias para empleadores que obstruyan la libertad sindical, el informe señala demoras sistemáticas del Ministerio de Trabajo para actualizar juntas directivas y resolver trámites, además de despidos de líderes en formación sin obligar a su restitución, solo al pago de indemnizaciones.

En materia salarial, la jornada estándar de 40 horas semanales y el pago de horas extra al 150 % o 200 % están vigentes, pero el 53,5 % de la fuerza laboral se desempeña en el sector informal, donde no se aplican esas normas. El ministerio carece de inspectores suficientes y suele actuar solo tras denuncias, lo que limita la supervisión preventiva y deja a muchos trabajadores sin cobertura de seguridad social ni condiciones básicas de salud laboral.

El informe denuncia “creíbles reportes” de tortura durante el estado de excepción. Un exreo contó que militares los sometieron a “submarino” en tanques de agua y aplicaron descargas eléctricas para obtener información sobre supuestos depósitos de armas o drogas.

ONG locales documentaron cinco detenciones arbitrarias entre enero y abril —tres a cargo de militares y dos de policías— aunque advierten que la cifra real podría ser mayor dada la amplitud de los operativos bajo emergencia.

También se mencionan varios casos de desapariciones forzadas vinculadas al sistema penitenciario. Aunque el Gobierno aseguró que los presuntos desaparecidos estaban bajo custodia y “en buen estado de salud”, no respondió a dos denuncias adicionales de la misma organización.

El Country Report 2024 del Departamento de Estado sitúa a Ecuador en un cruce complejo: entre la necesidad de contener la violencia del crimen organizado y la obligación de velar por garantías fundamentales. El reto inmediato para las autoridades es equilibrar medidas de seguridad con la plena vigencia de derechos civiles, libertad de prensa y condiciones laborales dignas. Para la sociedad civil, la tarea consiste en vigilar el cumplimiento de estas recomendaciones y exigir transparencia en el uso de poderes excepcionales.