Denuncias por corrupción y falta de planificación agravan la inminente crisis de apagones en el país.

El asambleísta Lenin Barreto, de la provincia de Manabí, revela la preocupante situación energética que enfrenta Ecuador, señalando sobreprecios en la compra de generadores eléctricos usados, lo que pone en riesgo no solo la economía nacional, sino la estabilidad energética del país. Barreto denuncia ante la Fiscalía General del Estado estos hechos, mientras los apagones parecen ser una realidad inevitable.
Ecuador enfrenta una de las crisis energéticas más graves de los últimos años. El problema, según el asambleísta Lenin Barreto, no es solo la falta de lluvias o la crisis climática, sino la ausencia de una adecuada planificación y ejecución por parte de los últimos gobiernos. Desde la administración de Lenin Moreno, pasando por Guillermo Lasso y hasta la actual gestión de Daniel Noboa, ninguno ha cumplido con el plan maestro de electricidad que prometía soluciones sustentables y duraderas para el país.
Barreto denuncia que el mantenimiento de las centrales térmicas e hidroeléctricas ha sido descuidado, y proyectos claves, como la central hidroeléctrica Toachi Pilatón, que podría generar más de 250 megavatios, no han sido entregados. “El gobierno comenzó diciendo que el problema no era la generación de energía, sino la transmisión, pero no se ha hecho nada al respecto”, critica Barreto, recordando los apagones ocurridos en abril de este año y advirtiendo sobre la inminencia de nuevos cortes de luz en el futuro cercano.
Dentro del marco de emergencia energética, el gobierno ha adquirido generadores térmicos usados para instalarlos en Esmeraldas y Salitral, con una capacidad estimada de 350 megavatios. Sin embargo, la compra de estos equipos ha sido objeto de graves denuncias. Barreto asegura que los generadores, a pesar de ser viejos y remanufacturados, se están adquiriendo a precios de generadores nuevos, lo que implica un perjuicio económico de aproximadamente 130 millones de dólares para el Estado ecuatoriano.

Esta situación no solo es preocupante por el sobreprecio, sino por la falta de transparencia en los contratos. Según Barreto, las empresas que ganaron los concursos para suministrar estos generadores ni siquiera cuentan con los equipos necesarios. Además, menciona que se ha presionado a los administradores de contratos para adelantar pagos del 5% a estas compañías, lo cual genera aún más sospechas sobre la legalidad y viabilidad de los acuerdos.
Otro punto alarmante es que las inspecciones técnicas de estos generadores se están realizando de manera telemática, lo que, según el asambleísta, pone en entredicho la calidad y autenticidad de los equipos adquiridos. “Es increíble que en un caso tan delicado y técnico, las inspecciones se hagan por medios telemáticos, lo cual genera un terrible conflicto de intereses”, denuncia Barreto.
El asambleísta ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, solicitando una investigación exhaustiva sobre estos contratos y sus implicaciones. Barreto subraya que las empresas que proveen estos generadores no están autorizadas para su comercialización en Ecuador, y que los equipos adquiridos, algunos fabricados en 2009, no cumplen con la normativa de vigencia tecnológica que exige la Ley Orgánica de Contratación Pública.
“Estamos comprando generadores con más de nueve años de uso, lo que no solo va en contra de la ley, sino que perjudica gravemente al Estado ecuatoriano”, enfatiza Barreto. A pesar de las denuncias, aún no se han tomado medidas concretas por parte del Gobierno Nacional para frenar estas adquisiciones, lo que aumenta la incertidumbre sobre el futuro energético del país.
La crisis energética no solo afecta la estabilidad eléctrica del país, sino que tiene un impacto directo en la economía y la seguridad ciudadana. Los apagones prolongados, como el reciente corte de 8 horas, ponen en riesgo la producción nacional y aumentan la inseguridad en ciudades como Manta, la cual ya es una de las más violentas del Ecuador.
El asambleísta advierte que el sobreprecio de los generadores no solo representa un daño económico inmediato, sino que las soluciones energéticas adquiridas, al ser equipos usados, no tendrán la durabilidad ni la eficiencia necesarias para enfrentar la crisis a largo plazo. “Un generador nuevo puede durar entre 40 y 50 años con el mantenimiento adecuado, pero estos equipos viejos no cuentan con esa garantía”, agrega Barreto.
La denuncia de Lenin Barreto ante la Fiscalía es un llamado urgente para investigar estos contratos sospechosos y detener el despilfarro de recursos públicos. Mientras tanto, los ecuatorianos se enfrentan a un futuro energético incierto, marcado por apagones y una falta de soluciones sostenibles. ¿Podrá la Fiscalía actuar a tiempo para frenar estos actos de corrupción y evitar una crisis energética aún mayor?
Fuente: PORTADAD | prensa.ec






Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.