Ivonne Núñez detalla cómo el gobierno manejó las ausencias laborales durante el paro y anticipa un posible incremento del salario básico unificado a USD 16 en enero de 2026.
La ministra de Trabajo de Ecuador, Ivonne Núñez, explicó en una entrevista con el programa Un café con JJ el 15 de octubre de 2025 que el gobierno no inició sanciones contra trabajadores que no pudieron asistir a sus puestos durante las movilizaciones en Imbabura, al considerar la situación como fuerza mayor. Además, anticipó que el nuevo salario básico unificado —que se anunciará en enero de 2026— podría ubicarse entre USD 14 y USD 16, basado en un crecimiento económico del 3,4% reportado por el Banco Central.
Ausencias laborales durante el paro: “Fuerza mayor, no incumplimiento”
Durante las recientes movilizaciones en Imbabura, vinculadas a operativos contra estructuras criminales, numerosos trabajadores del sector privado y público no pudieron acudir a sus labores. Ante ello, el Ministerio de Trabajo coordinó con sectores estratégicos —como el florícola y textil— la suspensión de trámites administrativos de “visto bueno” para despidos, evitando así sanciones laborales.
“Nunca se presentó un trámite administrativo de visto bueno”, aseguró Núñez, destacando que la prioridad fue “precautelar y asegurar los puestos de trabajo”. En el caso del sector público, se activó el teletrabajo como mecanismo de continuidad operativa, mientras que en la inspectoría de trabajo de Imbabura se suspendieron plazos procesales bajo la figura legal de fuerza mayor.
Salario básico 2026: cifras técnicas y debate tripartito
La ministra confirmó que el Consejo Nacional de Empleo y Salarios ya se reúne para definir el incremento del salario básico unificado que regirá a partir de enero de 2026. Basado en los datos del Banco Central, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y del Ministerio de Economía, el cálculo técnico —alineado con estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)— arroja un rango entre USD 14 y USD 16 adicionales al salario actual de USD 470.
Este ajuste no solo impacta el ingreso directo de los trabajadores, sino también beneficios sociales como horas extras, pensiones alimenticias, multas de tránsito y tablas sectoriales. “El salario básico unificado tiene repercusiones muy significativas en toda la estructura jurídica y social del país”, subrayó Núñez.
Representación sindical: quiénes participan y quiénes no
Núñez aclaró que, pese a las declaraciones públicas del Frente Unitario de Trabajadores, esta organización no está legalmente constituida y no participa en el Consejo Nacional de Empleo y Salarios. Explicó que el Ministerio reformó el acuerdo ministerial para permitir participación virtual y firma electrónica, además de convocar a 27 organizaciones sindicales reconocidas.
Tras dos convocatorias electorales —una inicial y una de reposición—, el Frente Unitario optó por no participar. “El silencio significa que no quieren tener la representación de quienes dicen representar”, señaló la ministra. En su lugar, están presentes delegados de sectores como salud y educación, incluyendo comités de empresa con más de 5.000 afiliados.
Organizaciones como la CEOL, CEDOCUT y UGT fueron convocadas, aunque según Núñez, “no están participando ni lo harán”. No obstante, el gobierno asegura que el proceso es inclusivo y transparente, con representación paritaria de género y sectores productivos.
Críticas al expresidente Correa y denuncia por “traición a la patria”
En una parte inusualmente política de la entrevista, Núñez respondió a declaraciones del expresidente Rafael Correa, a quien acusó de haber “sentenciado el futuro de la juventud ecuatoriana” al limitar su acceso a la educación superior y técnica durante su gobierno (2007–2017). Citó el cierre del SECAT (Servicio Ecuatoriano de Capacitación Técnica) y la implementación del examen “Quiero ser bachiller” como políticas que marginaron a más de 170.000 jóvenes.
Además, reveló que presentó una denuncia por traición a la patria contra Correa, actualmente en indagación previa, por supuestas alianzas con actores del crimen organizado y posiciones contrarias a Ecuador en foros internacionales, como su respaldo a México en un caso ante la Corte Penal Internacional que, según Núñez, “Ecuador ganó”.
“Correa ha sido sentenciado por la justicia ecuatoriana por delitos graves. Bajo el concepto penal, es un criminal”, afirmó, añadiendo que “la historia ya lo enterró”. Aunque estas declaraciones rompen con su habitual enfoque técnico, la ministra justificó su postura al vincular la política laboral con la lucha contra la criminalidad que, a su juicio, se alimentó de la exclusión educativa y laboral promovida en décadas anteriores.
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La entrevista con la ministra Ivonne Núñez refleja un gobierno que busca equilibrar rigor técnico en materia salarial con una postura firme frente a la inseguridad y la herencia de políticas pasadas. Mientras el país se prepara para un posible ajuste salarial histórico, el debate sobre quién representa legítimamente a los trabajadores y cómo se construye empleo digno sigue abierto. El reto: garantizar que el crecimiento económico se traduzca en oportunidades reales para quienes más lo necesitan.
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