En Carondelet, la portavoz oficial del Gobierno, Coralina Jaramillo, anunció dos medidas clave en la rueda de prensa semanal. La primera: Petroecuador amplió de 70 a 140 metros la franja de protección del oleoducto SOTE y el poliducto Shushufindi frente a la erosión del río Loco. Esta acción, ejecutada en tres etapas técnicas con apoyo de CELEC y OCP Ecuador, busca garantizar la estabilidad operativa de infraestructuras vitales para las exportaciones de crudo.
La segunda medida: desde el 1 de octubre, 14.687 adultos mayores en situación de vulnerabilidad se incorporan al bono de desarrollo humano. Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, el Ejecutivo destinará 631 millones de dólares a pensiones para este grupo, además de invertir más de 95 millones en atención integral —residencial, domiciliaria, diurna y social— para 112.470 personas a nivel nacional.
Recomendados
Gobierno destina USD 631 millones a pensiones para adultos mayores hasta 2025
Claudia Sheinbaum anuncia inversión de 6,200 millones de pesos para la Mixteca oaxaqueña
Xi Jinping marca el rumbo de China hacia 2030 con el plan quinquenal más ambicioso
Argentina cumple dos años bajo la presidencia de Javier Milei
G20 aprueba declaración final en Sudáfrica pese a ausencia de EE.UU. y rechazo argentino
Ambos anuncios forman parte de lo que el Gobierno denomina el “piso de protección social del Nuevo Ecuador”. Pero más allá del discurso, ¿estas acciones abordan las causas estructurales de la vulnerabilidad energética y social… o solo sus síntomas?
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.