Gobierno destina USD 631 millones a pensiones para adultos mayores hasta 2025

El Ejecutivo amplía la cobertura de pensiones con una inversión de USD 631 millones hasta 2025, priorizando a personas en situación de vulnerabilidad.

Gobierno destina USD 631 millones a pensiones para adultos mayores hasta 2025

El 5 de octubre de 2024, en Quito, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que 14.687 adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad son parte de los 55.000 nuevos beneficiarios de bonos y pensiones que entran en vigor desde el 1 de octubre. La medida, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano, forma parte de una política de redistribución de recursos orientada a fortalecer la protección social y garantizar una vejez digna.

Ampliación de cobertura para adultos mayores

Desde el 1 de octubre, el Gobierno del Ecuador ha incorporado a 55.000 nuevos beneficiarios en sus programas de transferencias monetarias directas. De ellos, 14.687 son personas adultas mayores que viven en pobreza o pobreza extrema, según confirmó el presidente Noboa durante un acto conmemorativo por el Día Internacional de las Personas de Edad.

El bono mensual de USD 100 se entrega a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), que actualmente atiende a 112.470 adultos mayores en todo el país mediante cuatro modalidades: residencial, domiciliaria, diurna y espacios de socialización. Para financiar estas acciones, el Ejecutivo ha destinado USD 631 millones entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, de los cuales USD 29,9 millones corresponden exclusivamente a Quito.

Inversión social y enfoque en equidad

Harold Burbano, ministro de Desarrollo Humano, destacó que esta expansión responde a un enfoque de justicia social e inclusión. “Nuestro gobierno trabaja por la protección y la dignidad de las personas adultas mayores. Ahora ampliamos la cobertura para llegar a quienes más lo necesitan”, afirmó durante el evento en la capital.

La cartera también invirtió más de USD 95 millones en servicios de atención integral para este grupo etario, reforzando no solo el soporte económico, sino también el acceso a actividades recreativas, culturales y de salud. Estas iniciativas se enmarcan en la conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad y buscan promover un envejecimiento activo y saludable.

Discurso político y defensa de la política fiscal

Tanto Noboa como Burbano vincularon la expansión de los bonos con decisiones fiscales y de seguridad. El presidente subrayó que los recursos provienen de una política de “mano dura” contra actividades ilegales, como el tráfico de combustibles, y de una reasignación presupuestaria que prioriza a los sectores históricamente marginados.

“Por más que se resistan las mafias y quienes vivían de la ilegalidad, jamás vamos a retroceder”, declaró Noboa, al tiempo que aseguró que retroceder implicaría privar a adultos mayores y jóvenes de beneficios esenciales, como becas educativas o residencias universitarias. El Mandatario también señaló que el apoyo internacional al país ha crecido gracias a la transparencia y el enfoque social de su administración.

Un piso de protección en construcción

Este anuncio refuerza el llamado “piso de protección social” que el Gobierno del “Nuevo Ecuador” impulsa desde inicios de 2024. La estrategia busca garantizar ingresos mensuales seguros a familias en pobreza extrema, con especial énfasis en adultos mayores, niños y jóvenes en situación de riesgo.

Según cifras oficiales, más de 200.000 jóvenes reciben becas anualmente, y se han construido nuevas residencias universitarias en zonas rurales y marginadas. El Ejecutivo sostiene que estas medidas son posibles gracias a una política fiscal responsable y a la lucha contra la evasión y el contrabando.

La inclusión de 14.687 adultos mayores en el sistema de bonos representa un paso concreto hacia una mayor equidad intergeneracional en Ecuador. Sin embargo, expertos en políticas sociales advierten que la sostenibilidad de estos programas dependerá de la capacidad del Estado para mantener el equilibrio fiscal, fortalecer los mecanismos de focalización y evitar la politización de la asistencia social. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que la protección de los más vulnerables es una prioridad irrenunciable.

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