Pacientes de diálisis en Quevedo exigen al gobierno evitar traslados forzados

Más de 160 pacientes renales y sus familias protestan en las calles de Quevedo ante la falta de insumos y el riesgo de ser trasladados a Guayaquil.

Cientos de pacientes renales y sus familiares se movilizaron el 13 de octubre de 2025 en Quevedo, provincia de Los Ríos, Ecuador, para exigir al gobierno nacional el pago inmediato de deudas pendientes con clínicas de diálisis. La medida busca evitar el traslado forzado de pacientes a Guayaquil, una decisión que pone en riesgo su vida debido a la falta de recursos económicos, movilidad y apoyo familiar en otras ciudades.

Crisis humanitaria por falta de insumos

Las clínicas de diálisis en Quevedo enfrentan una grave escasez de insumos médicos esenciales —filtros, líneas, agujas, soluciones salinas y medicamentos como la eritropoyetina— debido a una deuda acumulada de casi 19 meses con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Según representantes de la clínica Dialilay, el MSP adeuda alrededor de 5 millones de dólares y el IESS otros 2 millones, lo que ha vuelto insostenible la operación local.

“Estamos en acto humanitario”, declaró Ángel Macías, representante de Dialilay. “Tenemos máquinas, personal y voluntad, pero no hay insumos en bodega. Solo alcanzan para nueve días más”.

¿Qué pasa cuando el Estado no paga por tratamientos médicos esenciales? En Quevedo, Ecuador, más de 160 pacientes renales enfrentan traslados forzados a Guayaquil. vía: AlDia y Matices
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— PrensaEc (@PrensaEc1) October 17, 2025

Traslados forzados: una sentencia de muerte para muchos

El MSP ha comenzado a derivar pacientes a centros de diálisis en Guayaquil y Milagros, argumentando que ya no puede garantizar el tratamiento en Quevedo. Sin embargo, para muchos pacientes —especialmente adultos mayores, personas con discapacidad, sin visión o amputados— el traslado implica un riesgo vital.

Carolina Velázquez, paciente de diálisis desde hace casi dos años, relató que tras cada sesión sale con presión baja y desmayada. “Mi esposo me trae en un triciclo con moto. ¿Cómo voy a irme a Guayaquil?”, se preguntó. Otros, como Orlando Sabando, llevan 15 años en tratamiento y viven solos en zonas rurales. “No tengo familia allá. ¿Cómo sobrevivo?”, expresó.

La Constitución del Ecuador, en su artículo 32, garantiza el derecho a la salud y, en concordancia con estándares internacionales, el acceso a tratamientos continuos cerca del domicilio. Familiares y activistas denuncian que los traslados violan este derecho y exponen a los pacientes a complicaciones fatales por la acumulación de toxinas si se interrumpe el tratamiento tres veces semanales.

Protesta pacífica y llamado a las autoridades

El 13 de octubre, pacientes, familiares y organizaciones sociales realizaron un plantón y marcha pacífica por las calles Bolívar y 7 de Octubre en Quevedo. Con carteles que rezaban “Diálisis es vida”, “No al traslado” y “Queremos vivir”, exigieron al presidente Daniel Noboa y al MSP cancelar las deudas con las clínicas para restablecer la normalidad.

Además de la emergencia sanitaria, los manifestantes denunciaron la inseguridad en la región —con altos índices de violencia en Quevedo, Buena Fe y Babahoyo— y criticaron que el gobierno destine recursos a operativos militares mientras la salud pública colapsa.

Representantes del Frente Popular y asambleístas provinciales fueron llamados a intervenir. “No pedimos lástima, pedimos justicia”, afirmó una manifestante. “La vida no se negocia”.

Entre la deuda y el derecho a vivir

La situación en Quevedo refleja una crisis sistémica en el sistema de salud ecuatoriano, donde la falta de liquidez del Estado pone en peligro vidas humanas. Mientras el gobierno promete soluciones —como aseguró Noboa en una cadena radial el 1 de octubre—, los pacientes siguen sin tratamiento completo, sin insumos y con la amenaza de ser desplazados lejos de sus redes de apoyo.

Ante esta emergencia, la sociedad civil, medios de comunicación y organismos de derechos humanos deben mantener la presión para que se cumpla lo establecido en la Constitución: que la salud sea un derecho garantizado, no un privilegio condicionado por la geografía o la pobreza.