Fallo en la Paz Total: 40% de criminales beneficiados volvieron a delinquir

Un informe de la revista Semana de Colombia revela que de 205 órdenes de captura suspendidas por el Gobierno de Gustavo Petro, 84 han sido reactivadas tras incumplimientos de los grupos armados.

La política de “Paz Total” del Gobierno de Gustavo Petro enfrenta una crisis de resultados tras revelarse que cuatro de cada diez criminales beneficiados con la suspensión de órdenes de captura retomaron actividades delictivas. Según datos de la Fiscalía General de la Nación, de los 205 individuos que recibieron salvoconductos para participar en diálogos, 84 ya son rastreados nuevamente por las autoridades. Esta situación se presenta en un contexto donde el Estado ha invertido más de 100.000 millones de pesos en procesos que, hasta el momento, no han logrado el desarme de las estructuras ilegales, mientras indicadores de violencia como masacres y reclutamiento infantil muestran repuntes críticos en 2026.

Incumplimientos y reactivación de capturas

La Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía confirmó que, entre agosto de 2022 y febrero de 2026, se congelaron pedidos de arresto para representantes de grupos como el ELN, disidencias de las FARC y bandas urbanas. Sin embargo, la confianza depositada por el Ejecutivo se tradujo en fugas y reincidencia.

Actualmente, 121 personas mantienen el beneficio, pero el resto ha perdido la protección judicial debido a la comisión de nuevos delitos o al abandono de las mesas de negociación. Organizaciones como el ELN y las disidencias de Iván Mordisco y Calarcá encabezan la lista de estructuras que aprovecharon el cese de persecución para expandir su control territorial.

El alto costo económico de las negociaciones

La inversión financiera en la Paz Total ha sido significativa. A través del Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondopaz), se han destinado partidas millonarias para el sostenimiento de las mesas de diálogo:

• Disidencias de las FARC: 34.601 millones de pesos.
• ELN: 32.960 millones de pesos.
• Segunda Marquetalia: 13.106 millones de pesos.
• Bandas urbanas (Medellín, Quibdó, Buenaventura): Cerca de 6.000 millones de pesos.

Estos rubros incluyen medidas de protección para los delegados, viáticos, transporte aéreo y honorarios. A pesar del gasto, el Ministerio de Defensa reporta que el pie de fuerza de grupos como el Clan del Golfo y las disidencias ha crecido exponencialmente durante este periodo.

Fortalecimiento de grupos armados e inseguridad

Las cifras oficiales indican que las disidencias de las FARC pasaron de 3.275 a 9.634 integrantes bajo esta administración. El reclutamiento forzado aumentó un 160%, y el uso de drones con explosivos se ha vuelto frecuente en zonas como el Cauca y el Valle del Cauca.

En el Catatumbo, el ELN mantiene un control social estricto, imponiendo multas y “carnetizando” a la población civil. Por su parte, el Clan del Golfo ha duplicado su presencia municipal, consolidando un control hegemónico que afecta la regulación social y la seguridad en siete departamentos del país.

Incertidumbre sobre el futuro del proceso

A medida que se acerca el final del periodo presidencial, la viabilidad de la Paz Total es cuestionada por diversos sectores. Mientras el Gobierno defiende que estos procesos requieren tiempo para transformar los territorios, expertos y exfuncionarios señalan que se otorgaron beneficios judiciales sin reciprocidad concreta para la sociedad.

Con las mesas de diálogo con el ELN suspendidas y las órdenes de captura reactivadas para cabecillas de alto perfil, el desescalamiento del conflicto permanece como una meta lejana frente a una realidad marcada por 3.400 homicidios reportados en lo que va de 2026.