Corte Nacional aprueba proyecto de Ley de Extradición en Ecuador

La propuesta legal busca modernizar el marco jurídico para extradiciones, tras la reforma constitucional aprobada en el referéndum de abril de 2024

El 8 de enero de 2025, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador aprobó el proyecto de Ley de Extradición, en cumplimiento de la reforma constitucional derivada del referéndum del 21 de abril de 2024. La iniciativa fue remitida oficialmente a la Asamblea Nacional el 21 de julio de 2025, con el objetivo de iniciar el proceso legislativo correspondiente. Esta propuesta busca actualizar el marco legal vigente, adaptándolo a los estándares internacionales y a los avances tecnológicos en la lucha contra el crimen transnacional.

La extradición, entendida como un mecanismo de cooperación penal entre Estados, ha sido parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano desde el siglo XIX. Ecuador ha suscrito tratados bilaterales con países como Estados Unidos (1871), Reino Unido (1880) y Chile (1897), además de convenios multilaterales como la Convención Interamericana de Caracas (1981) y acuerdos con MERCOSUR.

La Ley de Extradición vigente, promulgada en el año 2000, ha quedado desfasada frente a los cambios constitucionales introducidos en 2008, que fortalecieron los derechos humanos y el debido proceso. La reforma del artículo 79 de la Constitución, aprobada en el referéndum de abril de 2024, habilitó la extradición de ciudadanos ecuatorianos bajo condiciones específicas, como la prohibición de aplicar penas inhumanas o degradantes.

El proyecto de Ley de Extradición tiene como finalidad garantizar la aplicación efectiva de la ley penal y evitar la impunidad, especialmente en casos de corrupción, crimen organizado, narcotráfico y lavado de activos. La propuesta incorpora principios constitucionales como legalidad, celeridad, eficacia y respeto a los derechos humanos.

Entre los elementos clave del proyecto se destacan:

• Designación del Presidente de la Corte Nacional de Justicia como autoridad central en materia de extradición.
• Inclusión de procedimientos diferenciados para extradición activa (solicitada por Ecuador) y pasiva (solicitada por otro Estado).
• Establecimiento de garantías mínimas para la persona requerida, como el respeto al debido proceso y la prohibición de tortura.
• Reconocimiento de causales para denegar la extradición, como delitos políticos, condición de asilado o riesgo de persecución por motivos discriminatorios.

El texto legal detalla las etapas del proceso de extradición, desde la solicitud formal hasta la sentencia definitiva. Se definen conceptos como “extradición activa”, “extradición pasiva”, “notificación roja de INTERPOL” y “principio de doble tipicidad”, que exige que el delito esté tipificado tanto en el país requirente como en el requerido.

La ley también contempla medidas cautelares como prisión preventiva con fines de extradición, arresto domiciliario y vigilancia electrónica. En caso de múltiples solicitudes de extradición, será el Presidente de la República quien decida a qué Estado se entregará al requerido, considerando la gravedad del delito y otros factores.

Aunque la Corte Nacional de Justicia emite la sentencia de extradición, la decisión final sobre la entrega de la persona reclamada recae en el Presidente de la República, quien puede negarla por razones de soberanía, seguridad o reciprocidad. Esta facultad no admite recurso alguno.

El proyecto incluye disposiciones transitorias que niegan la extradición de ciudadanos ecuatorianos por hechos anteriores a la reforma constitucional de 2024. En tales casos, se instruye a la Fiscalía General del Estado a iniciar investigaciones en territorio nacional, solicitando asistencia penal internacional.

Finalmente, se deroga la Ley No. 24 de 2000 y se establece que la nueva normativa entrará en vigencia tras su publicación en el Registro Oficial.

La aprobación del proyecto de Ley de Extradición por parte de la Corte Nacional marca un paso significativo en la modernización del sistema judicial ecuatoriano. La Asamblea Nacional deberá ahora debatir y decidir sobre su adopción definitiva, en un contexto regional donde la cooperación penal internacional es cada vez más crucial. La ciudadanía y los actores judiciales estarán atentos al desarrollo de este proceso, que podría redefinir el alcance del Estado frente a delitos transnacionales.