Contraloría detecta indicios de corrupción en 59 jueces y fiscales ecuatorianos

El Contralor General, Mauricio Torres, informó sobre hallazgos patrimoniales que podrían derivar en investigaciones penales

En una entrevista con Teleamazonas, el Contralor General del Estado, Mauricio Torres, reveló los resultados preliminares de auditorías realizadas a funcionarios judiciales, entre ellos jueces y fiscales, evidenciando indicios de responsabilidad penal en al menos 59 casos (57 jueces y 2 fiscales). Estos exámenes forman parte de un esfuerzo por transparentar el sistema judicial, identificando irregularidades financieras como depósitos en efectivo, compra de bienes inmuebles y vehículos sin justificación económica.

La investigación se enmarca dentro de la lucha contra la corrupción impulsada por la Contraloría General desde noviembre de 2023, cuando asumió Torres. Este proceso ha abarcado a más de 110 servidores públicos hasta ahora, incluyendo otras autoridades como alcaldes, prefectos y concejales. Según expuso el contralor, el objetivo principal es garantizar transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de funciones públicas.

Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue la profundización en las inconsistencias detectadas en las declaraciones juramentadas de jueces y fiscales. Según Mauricio Torres, aproximadamente el 50% de los exámenes realizados han arrojado indicios de responsabilidad penal. Entre los hallazgos más preocupantes se encuentran transacciones financieras no justificadas, tales como depósitos en efectivo, adquisición de propiedades millonarias o vehículos de lujo sin documentación que respalde su origen legal.

“Estamos hablando de montos significativos, en algunos casos superiores a los dos millones de dólares”, afirmó Torres. “El problema radica en que estos funcionarios no pueden explicar cómo obtuvieron esos recursos, lo cual genera sospechas de posibles actos ilícitos”.

Las provincias intervenidas hasta el momento son cinco, pero la Contraloría planea expandir estas auditorías a más regiones, incluyendo Manabí, Esmeraldas y Los Ríos. Además, se analizarán otros sectores clave, como las notarías y agencias municipales de tránsito, para evaluar tanto el posible enriquecimiento ilícito como la gestión administrativa.

El contralor explicó que, antes de emitir un informe definitivo, los auditados tienen la oportunidad de presentar pruebas adicionales que justifiquen las anomalías encontradas. Sin embargo, si no logran hacerlo dentro de los plazos establecidos (hasta cinco días adicionales), los casos son remitidos a la Fiscalía para iniciar investigaciones penales.

“Nosotros no podemos pasar esta información directamente al Consejo de la Judicatura porque estaríamos violando la ley. La investigación se vuelve reservada y depende de la Fiscalía determinar si procede judicialmente”, señaló Torres.

Este enfoque busca evitar interferencias políticas o institucionales en los procesos. No obstante, reconoció que la lentitud en las investigaciones puede ser un obstáculo para avanzar rápidamente en sanciones concretas.

Además de las auditorías externas, Torres destacó los esfuerzos internos para fortalecer la institución. Durante su gestión, se han desvinculado cerca de 60 a 70 personas vinculadas a presuntos actos de corrupción al interior de la Contraloría. Estos casos incluyen prácticas indebidas como solicitar dinero a cambio de favores en los exámenes o colaborar con estudios jurídicos externos.

Con la reciente aprobación de la Ley de Integridad Pública, la institución ganará mayor capacidad para realizar evaluaciones semestrales y aplicar sumarios administrativos expeditos. “Esta reforma nos permitirá sanear no solo la Contraloría sino también otras entidades públicas, evitando que unas pocas personas dañen la imagen de servidores honestos y profesionales”, añadió.

Uno de los avances más innovadores mencionados durante la entrevista fue la implementación de auditorías forenses e informáticas, que entrarán en vigencia a partir del 29 de julio. Estas nuevas modalidades buscan reforzar los Informes de Responsabilidad Penal (IRP) mediante análisis técnicos especializados.

Los auditores forenses, capacitados específicamente para este tipo de trabajo, tendrán la tarea de determinar cómo y cuándo se cometió un delito, proporcionando pruebas sólidas para los procesos judiciales. Por otro lado, las auditorías informáticas permitirán revisar sistemas electrónicos, como el catálogo de compras públicas, para detectar irregularidades en licitaciones y contrataciones estatales.

Actualmente, el equipo cuenta con alrededor de 8 a 10 expertos en cada modalidad, aunque se espera ampliar su número en los próximos meses. Además, la Contraloría lanzará un Instituto Tecnológico para capacitar gratuitamente a servidores públicos en control gubernamental y lucha contra la corrupción.

Más allá del sistema judicial, la Contraloría ha realizado auditorías en hospitales del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). En Guayaquil y Quito, todos los hospitales examinados han mostrado indicios de responsabilidad penal. Asimismo, se han identificado problemas en empresas públicas y obras contratadas por el gobierno anterior, así como en generadores eléctricos gestionados por Progemi y AT&M.

En estos últimos casos, los hallazgos incluyen equipos adquiridos que no cumplen con los estándares técnicos requeridos, además de discrepancias en la frecuencia operativa necesaria para el país. Según versiones preliminares, algunos equipos incluso habrían sido previamente utilizados en otros países.

La labor de la Contraloría General bajo la dirección de Mauricio Torres busca consolidarse como un pilar fundamental en la lucha contra la corrupción en Ecuador. Aunque los resultados obtenidos hasta ahora son significativos, queda pendiente el desafío de garantizar que las investigaciones penales avancen con diligencia y eficacia.

Para la ciudadanía, resulta crucial mantenerse informada y exigir transparencia en el manejo de los recursos públicos. Solo así será posible construir instituciones más confiables y equitativas.