Comisión de Niñez investiga muertes neonatales ante intentos de blindar ministros

La presidenta Viviana Veloz denuncia maniobra para evitar fiscalización en el sistema de salud tras más de 600 fallecimientos en hospitales públicos.

La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional de Ecuador, presidida por la legisladora Viviana Veloz en entrevista en Radio Pichincha, denunció una supuesta maniobra del gobierno para evitar la fiscalización de ministros vinculados a la crisis sanitaria que ha derivado en más de 600 muertes neonatales en hospitales públicos durante 2023. Según la legisladora, la suspensión de sesiones parlamentarias anunciada por la presidencia de la Asamblea busca diluir el debate sobre negligencias en el sistema de salud, mientras persisten denuncias de subregistro, falta de insumos y protocolos incumplidos en unidades críticas. El caso adquiere relevancia por la gravedad de la emergencia hospitalaria y el cuestionamiento a la transparencia estatal.

Según datos presentados por la Comisión de Niñez, al menos 624 neonatos fallecieron en hospitales públicos entre enero y agosto de 2023, con 48 casos atribuidos a sepsis bacteriana en centros como el Hospital Universitario y el Monte Sinaí, en Quito. En el primero, se registraron 75 muertes en el periodo señalado, siete por sepsis; en el segundo, 28. La legisladora Veloz explicó que estas infecciones surgen cuando no se aplican protocolos ante alertas epidemiológicas, como la declarada el 23 de julio en el Hospital Universitario, cuyas medidas de contención se retrasaron cuatro días.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) no ha realizado autopsias perinatales en 12 casos clave, a pesar de que la Ley Orgánica de Salud exige su práctica ante emergencias sanitarias. La Fiscalía General confirmó que no existen denuncias formales del MSP, y las investigaciones iniciaron tras reportes periodísticos. “Quieren normalizar tragedias que afectan a familias pobres”, afirmó Veloz, al señalar que el gobierno intentó culpar a los progenitores por los fallecimientos.

La presidencia de la Asamblea Nacional anunció la suspensión de sesiones de comisiones y plenos para “verificar el estado de los hospitales públicos”, según un comunicado emitido el viernes. No obstante, la oposición calificó la medida como un “maquillaje político” para evitar que ministros de Salud y Finanzas rindan cuentas por la crisis. Veloz destacó que, dos semanas atrás, el oficialismo bloqueó un pedido para declarar emergencia sanitaria y fiscalizar el sistema, pese a que el abastecimiento de medicamentos en unidades críticas alcanza apenas el 40%, según testimonios de personal médico.

Comisión de Niñez investiga muertes neonatales ante intentos de blindar ministros

“El presidente de la Asamblea no tiene potestad para impedir la fiscalización: es un mandato constitucional”, insistió la legisladora, al recordar que la Revolución Ciudadana presentó solicitudes de enjuiciamiento político contra funcionarios, todas rechazadas por el oficialismo. El comunicado oficial menciona la “verificación de trato digno a pacientes” y el “abastecimiento de insumos”, tareas que, según expertos, corresponden al Ejecutivo, no al Legislativo.

La crisis se acentúa por recortes en el presupuesto de salud, vinculados por la oposición a los acuerdos del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El viceministro de Salud admitió ante la Comisión que no se ha ejecutado el 100% del presupuesto asignado y que hay retrasos en procesos de compra por falta de fondos. Mientras, el MSP reporta deudas con prestadores externalizados (hasta 9 meses sin pago) y una escasez del 68% en especialistas médicos.

La legisladora señaló que el recorte afecta la capacidad de respuesta ante emergencias: “Perdieron 4 días valiosos para actuar contra la sepsis. Pensaron que, al ser niños de familias pobres, nadie reclamaría”. La Contraloría General ya investiga posibles irregularidades en la gestión hospitalaria, aunque sin acceso a informes completos del MSP.

Pese a las trabas, la Comisión de Niñez, históricamente marginada, ha impulsado auditorías en hospitales y presentado reformas legales para proteger a la infancia. Veloz destacó que, en tres meses, han abordado temas como malnutrición infantil, violencia en casas de acogida y el caso de los neonatos. “Nos enviaron a la ‘comisión de la congeladora’, pero hoy demostramos que es la más activa”, afirmó.

No obstante, el oficialismo mantiene el control de la agenda parlamentaria. Analistas consultados señalan que la debilidad de la fiscalización refleja una dinámica de “pata coja” en el Legislativo, donde la mayoría bloquea iniciativas críticas. “Si no hay voluntad política para exigir responsabilidades, la crisis seguirá ocultándose”, advirtió María Fernanda Rivadeneira, experta en políticas públicas de la Universidad Andina.

La designación de Viviana Veloz al frente de la Comisión de Niñez ha puesto en el centro un drama sanitario que el gobierno insiste en minimizar. Con cifras escalofriantes y respuestas burocráticas, el caso de los neonatos expone fracturas profundas en el sistema de salud y en la rendición de cuentas estatal. Mientras la Asamblea debate entre fiscalizar o proteger, familias ecuatorianas exigen transparencia: no se trata solo de números, sino de vidas que merecen justicia. La pregunta persiste: ¿hasta cuándo se normalizarán las muertes en nombre de la política?