Asamblea aprueba Ley de Solidaridad Nacional contra el crimen organizado

La normativa establece medidas legales y fiscales para atacar la financiación de las mafias y proteger a la población civil

La Asamblea Nacional de Ecuador ha dado un paso decisivo en la lucha contra el crimen organizado con la aprobación de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Este proyecto, presentado por el presidente Daniel Noboa, obtuvo el respaldo de 84 legisladores, mientras que 46 votaron en contra, uno en blanco y 10 se abstuvieron. La sesión, que duró más de cuatro horas y contó con la participación de 141 de los 151 legisladores, culminó con la aprobación de esta normativa clave para enfrentar el narcoterrorismo y las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno.

“Los ecuatorianos claman por mano dura contra el crimen organizado”, afirmó la legisladora oficialista Valentina Centeno durante el debate. Subrayó que la lucha contra la inseguridad no solo corresponde a las fuerzas del orden, sino también a los operadores de justicia, jueces y fiscales, quienes deben alinearse con la estrategia conjunta del Ejecutivo y el Legislativo. El Parlamento expresó que la nueva legislación “ratifica la voluntad política de actuar sin dilaciones ni divisiones ante una amenaza que pone en riesgo la seguridad, la economía y la vida de los ecuatorianos”.

Entre las medidas establecidas por la ley destacan incentivos para la reconstrucción social y productiva, atención prioritaria a víctimas y acciones para prevenir el reclutamiento de menores por parte de grupos armados. La normativa también permite que empresas privadas puedan destinar hasta un 30% de su impuesto a la renta (IR) en la compra de equipos de seguridad para policías y militares. El Servicio de Rentas Internas (SRI) verificará estas donaciones y otorgará un crédito tributario aplicable a la declaración fiscal correspondiente.

Además, la Ley contempla sanciones para quienes pertenezcan a grupos de delincuencia organizada y establece reglas más estrictas para enfrentar actos calificados como “disturbios y terrorismo”. El movimiento indígena Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), había advertido que expulsaría a sus legisladores si apoyaban la iniciativa. Sin embargo, algunos de sus integrantes respaldaron abiertamente el proyecto. El legislador José Nango defendió su voto favorable, indicando que representa “a las bases” y lanzando un mensaje directo: “Con la votación, hoy veremos de qué lado están: si del lado de la impunidad que tanto quiere defender el crimen organizado, o del lado de la ciudadanía”.

El texto aprobado será remitido al presidente Noboa para su eventual publicación u observaciones. Esta Ley no solo fortalece el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sino que también envía un mensaje claro de unidad legislativa y apoyo firme a la lucha del Ejecutivo y del Bloque de Seguridad contra el crimen organizado. Al desarticular las economías criminales y proteger a la población civil, Ecuador da un paso importante hacia la recuperación de la seguridad y la estabilidad económica en zonas afectadas por la violencia.

La aprobación de esta Ley de Solidaridad Nacional refuerza la estrategia integral contra el narcoterrorismo declarado por Noboa a inicios de 2024. Con esta normativa, el país busca no solo castigar a los criminales, sino también reconstruir las comunidades afectadas y prevenir que nuevas generaciones sean víctimas del reclutamiento por grupos armados. La participación activa del sector privado en la financiación de equipos de seguridad representa un precedente importante en la colaboración público-privada para la seguridad nacional.

El futuro de Ecuador depende de la efectiva implementación de esta ley, que debe traducirse en acciones concretas para proteger a la población y erradicar las causas profundas del crimen organizado. La sociedad ecuatoriana observará de cerca cómo el Gobierno y las instituciones trabajan juntos para convertir esta voluntad política en resultados tangibles en las calles y en las comunidades afectadas por la violencia.