Mientras el Gobierno actúa, el reclutamiento de menores por bandas criminales exige una respuesta estructural que atienda raíces sociales y económicas
En los últimos años, Ecuador ha enfrentado una crisis silenciosa pero devastadora: el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos delictivos organizados. Mientras el gobierno implementa medidas a través de decretos como el 21, que crean comisiones interinstitucionales para abordar el problema, la realidad en zonas fronterizas y barrios empobrecidos muestra una situación alarmante. Según datos oficiales, más de 3000 menores han sido involucrados en delitos graves en 2024, con proyecciones de hasta 25.000 niños en situación de vulnerabilidad en zonas como Durán, Guayaquil, Manabí, Esmeraldas y Orellana.
La problemática va más allá de una simple delincuencia juvenil. Se trata de un fenómeno estructural donde las bandas criminales no solo disputan territorios, sino que también “disputan infancias”. Adolescentes que deberían estar en las aulas o en las canchas aparecen detenidos por sicariato, extorsión o microtráfico. El ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Burbano, reconoce que estas zonas mapeadas por el gobierno son lugares donde las familias no tienen otra opción que vincularse a la delincuencia organizada, evidenciando un problema estructural que requiere soluciones integrales.
El gobierno ha implementado un enfoque que combina seguridad y políticas sociales, creando un comité interinstitucional que trabaja en tres líneas: prevención, protección y acompañamiento en el proyecto de vida de los jóvenes. Esto incluye la implementación de espacios integrales, brigadas sociales y la creación de casas de acogida especializadas para niños y niñas reclutados por grupos delictivos. Sin embargo, expertas como Catherine Herrera señalan que el reclutamiento debe ser abordado como un problema de estado, no solo de seguridad ciudadana, y que es necesario fortalecer las unidades ya existentes en lugar de crear nuevas estructuras burocráticas.
La politóloga Herrera critica que el enfoque actual puede ser insuficiente, ya que el reclutamiento forma parte de dinámicas criminales transnacionales donde los menores son vistos como “objetos desechables”. Ella propone tres acciones puntuales: investigar el delito de reclutamiento, solicitar fiscales especializados y crear protocolos de investigación específicos. Además, enfatiza la necesidad de atender no solo la prevención, sino también a los perpetradores que generan la economía ilícita.
El debate sobre la efectividad de la comisión creada por el decreto 21 continúa. Mientras el gobierno avanza en la formalización de políticas públicas, la realidad en terreno muestra que familias enteras están siendo desplazadas por la violencia, y que la falta de casas de acogida y recursos económicos afecta la capacidad de respuesta del Estado. La vicepresidencia de la República está involucrada en el proyecto, reconociendo la importancia de la salud mental en el acompañamiento de estos menores.
En conclusión, el reclutamiento de menores por el crimen organizado en Ecuador es una crisis multifacética que requiere una respuesta integral. Aunque el gobierno ha dado pasosimportantes, es fundamental garantizar que estas acciones no queden en anuncios simbólicos y que realmente aborden las causas profundas de la problemática. La sociedad ecuatoriana debe reflexionar sobre cómo el abandono de sectores vulnerables ha permitido que las bandas criminales se conviertan en la única opción para miles de jóvenes, y cómo ahora es el momento de invertir en políticas que ofrezcan alternativas reales para reconstruir el tejido social y devolverle el futuro a las infancias robadas.
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