Trabajadores anuncian movilizaciones contra despidos masivos en el sector público

El reglamento a la Ley de Integridad Pública prevé la salida de más de 20.000 empleados. Organizaciones sindicales rechazan la medida y exigen evaluaciones justas.

Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Coordinadora de Organizaciones Sociales convocaron a movilizaciones nacionales para rechazar el reglamento emitido por el gobierno de Daniel Noboa, que podría derivar en el despido de más de 20.000 servidores públicos. Las organizaciones señalan que la medida es inconstitucional, obedece a mandatos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y agravará la crisis social.

El reglamento a la Ley Orgánica de Cumplimiento de la Integridad Pública (LOCET), publicado el martes 2 de julio, contempla la evaluación de desempeño de los servidores públicos. Sin embargo, organizaciones sindicales advierten que su implementación servirá para despedir a empleados con contratos provisionales o eventuales, afectando a más de 200.000 personas, según estimaciones preliminares.

Wilson Álvarez, presidente de la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Municipales y Provinciales y representante de la Coordinación de la Internacional de los Servicios Públicos en Ecuador, aseguró que el gobierno planea enviar a la desocupación a más de 200.000 servidores públicos. “Nosotros no nos oponemos a que realicen las evaluaciones, pero que hagan unas evaluaciones como ya se lo ha dicho técnicamente. No por el compadrazgo”, expresó.

Los sindicatos cuestionan la legalidad del reglamento. Andrés Quiñones, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), señaló que el documento es “inconstitucional, político porque obedece al FMI y maquiavélico”. Agregó que el reglamento fue elaborado en el Ministerio de Finanzas y que ya existe un listado inicial de 5.000 servidores públicos que serán despedidos.

Desde el FUT y la Coordinadora de Organizaciones Sociales se anunció una serie de acciones de protesta, incluyendo plantones y movilizaciones en las calles. El objetivo es rechazar lo que califican como una política antiobrera y exigir un aumento salarial para los empleados públicos, cuyos sueldos están congelados desde hace más de una década.

El llamado a la movilización fue respaldado por diversas organizaciones del sector público, incluyendo judiciales, educativos y de salud. Ángel Sánchez, representante de la SEOC, enfatizó que “no se trata solo del despido de trabajadores del sector público, sino de toda una crisis institucional que se viene en el país y que va a generar más pobreza”.

Marcelo Guerra, presidente del Sindicato de Servidores Judiciales del Ecuador, criticó el carácter selectivo de las evaluaciones. “No estamos en contra de la evaluación, apoyamos, respaldamos que se den las evaluaciones, pero en su medida con puntos estratégicos”, afirmó, refiriéndose a la permanencia de personal con años de servicio que no es considerado para puestos estables.

Los sindicatos aseguran que el reglamento forma parte de un ajuste estructural impulsado por el FMI, que incluye la reducción del gasto público, el achicamiento del Estado y la precarización del empleo. “Eliminación de la inversión social, reducción de las indemnizaciones del sector público, achicamiento del Estado, que significa desempleos, congelación de los salarios y un deterioro de las pensiones también de los jubilados”, advirtió un dirigente sindical.

La medida también impacta en sectores clave como la educación y la salud. Según Quiñones, en el sector educativo podrían ser afectados cerca de 44.000 maestros con contratos provisionales, mientras que en salud la cifra asciende a aproximadamente 60.000 trabajadores. Además, se estima que más de 110.000 personas con contratos ocasionales y 50.000 con nombramientos provisionales estarían en riesgo de perder su empleo.

El anuncio del gobierno de implementar el reglamento a la LOCET ha generado una fuerte reacción entre los trabajadores del sector público. Frente Unitario de Trabajadores y la Coordinadora de Organizaciones Sociales han convocado a movilizaciones para exigir el respeto a sus derechos laborales y denunciar una medida que consideran inconstitucional y alineada con los intereses del FMI. La respuesta del gobierno y la posición de la Corte Constitucional serán claves en los próximos días para definir el rumbo de esta crisis laboral.