El Consejo Nacional Electoral (CNE) prohíbe el uso de celulares durante la votación, generando críticas y acusaciones de obediencia a intereses políticos. Analizamos las implicaciones de esta polémica decisión.
En medio de la segunda vuelta electoral, el CNE ha prohibido el uso de celulares durante la votación, argumentando la protección del voto secreto. Sin embargo, voces críticas como las de la consejera Elena Nájera y el líder socialista Gustavo Vallejo denuncian que esta medida responde a órdenes del gobierno y carece de fundamento legal. ¿Es esta una decisión técnica o una maniobra política?

El Consejo Nacional Electoral (CNE), presidido por Diana Atamaint, ha generado un intenso debate con su reciente resolución que prohíbe el uso de celulares durante la votación en la segunda vuelta electoral del 13 de abril. La medida, que incluye multas de entre $9,000 y $32,000 para quienes infrinjan la norma, ha sido aplaudida por el gobierno pero criticada por organizaciones políticas y expertos en derecho electoral.
Diana Atamaint defendió la resolución como una herramienta para garantizar elecciones libres, seguras y transparentes. Según la presidenta del CNE, la decisión se basa en informes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que alertan sobre posibles presiones y extorsiones a votantes. “Lo que buscamos es que la ciudadanía vote con libertad y seguridad, sin temor a represalias”, afirmó Atamaint en una entrevista.
Sin embargo, la consejera Elena Nájera, una de las pocas voces críticas dentro del CNE, desmintió esta justificación. “No hay una sola denuncia formal que respalde esta medida. Es una decisión tomada sin fundamento legal y bajo presiones políticas”, aseguró Nájera. Además, señaló que la resolución fue impulsada por el gobierno de Daniel Noboa, quien habría solicitado la prohibición de celulares para controlar el proceso electoral.

Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, no dudó en calificar la medida como “politiquera” y “errónea”. “El gobierno está desesperado por ganar las elecciones y está utilizando al CNE como herramienta. Esta prohibición no solo es ilegal, sino que genera malestar e indignación en la ciudadanía”, declaró Vallejo.
Nájera, por su parte, recordó que la resolución fue aprobada sin un debate serio y con la oposición de solo dos consejeros. “Es una vergüenza que el CNE actúe como un apéndice del gobierno. No hay transparencia ni independencia en esta decisión”, denunció.
La prohibición de celulares no solo afecta a los votantes, sino también a los miembros de las juntas receptoras del voto (JRV) y a los delegados de las organizaciones políticas. Según la resolución, solo un integrante de la JRV podrá usar un dispositivo móvil a partir de las 17:00 horas, lo que dificulta el control y la supervisión del proceso electoral.
“¿Cómo van a garantizar la transparencia si los delegados no pueden tomar fotos de las actas? Esta medida solo beneficia a quienes buscan manipular los resultados”, cuestionó Vallejo.
Además, la resolución carece de un protocolo claro para su implementación. “No sabemos cómo se va a vigilar el cumplimiento de esta norma ni quién será responsable de aplicar las multas. Es una medida improvisada y mal diseñada”, agregó Nájera.
La prohibición de celulares en las elecciones plantea serias dudas sobre la independencia del CNE y la transparencia del proceso electoral. Mientras el gobierno y la mayoría del CNE insisten en que es una medida necesaria para proteger el voto, las críticas no se hacen esperar: ¿estamos ante un intento genuino de garantizar elecciones limpias o una maniobra política para controlar los resultados?
La ciudadanía tiene la última palabra. ¿Confiarán en un proceso electoral marcado por decisiones polémicas y acusaciones de parcialidad?






Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.