Noboa defiende eliminación del subsidio al diésel y rechaza diálogo con dirigentes indígenas

En una entrevista con Ecuavisa, el presidente ecuatoriano justificó su política económica, abordó el paro nacional y defendió la consulta por una nueva Constituyente.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, concedió una entrevista especial a Ecuavisa en la que abordó la crisis por el paro nacional indígena, defendió la eliminación del subsidio al diésel, rechazó abrir un diálogo directo con los dirigentes movilizados y reiteró su apuesta por una Asamblea Constituyente. La entrevista, realizada en la gobernación de Cotopaxi, tuvo lugar tras una semana de bloqueos en vías estratégicas del país, especialmente en Imbabura, y en medio de tensiones políticas y sociales crecientes.

Política económica: “Un baño de realidad”

Noboa insistió en que la eliminación del subsidio al diésel no es negociable bajo ninguna circunstancia. Afirmó que la medida responde a un contexto macroeconómico favorable: una inflación controlada (0,75%) y un precio internacional del petróleo por debajo de los 65 dólares por barril. “No es que haya cambiado de opinión; en campaña advertí que no lo haría si afectaba la inflación. Hoy, las condiciones han cambiado”, explicó.

El mandatario rechazó que la decisión haya sido impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI), señalando que su gobierno ha actuado con autonomía. “El FMI no estuvo de acuerdo con las compensaciones que estamos entregando. Nosotros decidimos proteger a los más vulnerables”, dijo.

Hasta la fecha, el Ejecutivo ha entregado 83.000 bonos de 1.000 dólares (83 millones de dólares), créditos 7×7, 140 tractores a comunidades indígenas y apoyos a pescadores y transportistas. En total, las compensaciones suman cerca de 896 millones de dólares, una cifra cercana al costo anual del subsidio, que oscila entre 1.200 y 1.400 millones según el precio del petróleo.

Paro nacional: “No se puede ceder al 2% del país”

Frente al paro indígena que lleva una semana paralizando rutas en Imbabura y otras provincias, Noboa rechazó entablar un diálogo formal con los dirigentes. Argumentó que “dialogar con ellos sería atentar contra la democracia”, al privilegiar a una minoría sobre el 98% de la población que, según encuestas citadas por él, no apoya las movilizaciones.

El presidente acusó a sectores de la protesta de estar vinculados con la minería ilegal y el crimen organizado. “Hemos detectado que grupos narcoterroristas y miembros del ‘tren de agua’ participan activamente en los bloqueos. Esto ya no es una protesta social pacífica”, afirmó. Además, señaló que los detenidos en Imbabura han sido trasladados a cárceles de Esmeraldas y Portoviejo por razones de seguridad, una medida que consideró legal y necesaria.

Pese a los esfuerzos del gobierno por desbloquear vías —como el operativo de la madrugada que permitió el paso de convoyes agrícolas—, los manifestantes han retomado los cortes. Noboa anticipó que esta dinámica continuará: “Volveremos a desbloquearlas cada vez que sea necesario”.

Constituyente y reformas institucionales

Noboa confirmó que solo tres preguntas de su propuesta original avanzarán en la consulta popular del 16 de noviembre, tras ajustes solicitados por la Corte Constitucional. Entre ellas figura la prohibición de que personas con sentencias condenatorias usen su imagen en campañas políticas.

El presidente defendió la necesidad de una nueva Constitución, argumentando que la actual —heredada del correísmo— obstaculiza la inversión extranjera, protege a delincuentes y limita reformas en seguridad y economía. “Queremos una constitución que promueva la productividad, la paz y la justicia para quienes cumplen la ley”, dijo.

Aunque no descartó que ministros o asambleístas actuales postulen a la Constituyente, aseguró que se buscarán “los mejores perfiles” entre 80 escaños. Reiteró su rechazo a la reelección indefinida: “No creo en ella. Tengo hijos pequeños y quiero tiempo para mi familia”.

Salud y seguridad: “Dos frentes críticos”

En materia de salud, Noboa reconoció la crisis en el sistema hospitalario público, atribuida a “mafias” que han operado durante años. Afirmó que ya se han detenido a más de 40 personas vinculadas al desvío de medicinas y que se implementará el sistema Healthbird para controlar derivaciones innecesarias.

Anunció que 400 máquinas de diálisis estarán operativas a principios de octubre para atender a 20.000 pacientes renales. “Este último trimestre será clave para ver resultados tangibles en salud”, aseguró.

Sobre la violencia carcelaria, tras las masacres en Machala y Esmeraldas, Noboa negó que el Estado haya perdido el control. “Fueron neutralizadas en menos de tres horas”, dijo, y vinculó los disturbios con las bandas que financian protestas. Confirmó que los militares continuarán en las cárceles mientras se construye la nueva “cárcel del Encuentro”, que estaría lista en 4–5 semanas.

En seguridad ciudadana, admitió un aumento del 35,6% en homicidios en lo que va del año, aunque aseguró que se ha capturado al 75% de las cabecillas de grupos narcoterroristas. Anunció un “plan de lucha intensa” para el último trimestre con apoyo internacional, incluyendo la posible instalación de bases extranjeras si la consulta del 16 de noviembre lo aprueba.

Relaciones internacionales y minería

Noboa lamentó la falta de acción de Colombia contra el cultivo de coca en la frontera, que afecta directamente a Ecuador. “Hemos hablado con el presidente Petro, pero sus visiones son opuestas a las nuestras. No podemos imponer su política interna”, dijo, abogando por la reanudación de la fumigación con glifosato en territorio colombiano.

Sobre minería, confirmó que el proyecto Loma Larga —a cargo de la empresa Dundee— fue suspendido tras una sentencia judicial que el gobierno debió acatar. “Ya no va más. Las protestas en Cuenca deberían cesar”, afirmó.

La entrevista de Noboa con Ecuavisa refleja un gobierno en modo de confrontación: firme en su agenda económica, escéptico del diálogo con movimientos sociales y decidido a impulsar una reforma constitucional profunda. Mientras el país enfrenta tensiones en las calles, hospitales y cárceles, el resultado de la consulta del 16 de noviembre podría definir no solo el rumbo institucional del Ecuador, sino también la viabilidad política del propio presidente.