La suspensión de la vicepresidenta: ¿Una maniobra inconstitucional?

José Chalco Salgado, abogado constitucionalista, denuncia violaciones al Estado de Derecho en la sanción impuesta a la Vicepresidenta de Ecuador

En una reciente entrevista en Teleamazonas, el abogado constitucionalista José Chalco Salgado calificó de “fraude constitucional” la suspensión de 150 días impuesta a la vicepresidenta Verónica Abad. Según Chalco, esta sanción carece de base legal y vulnera la institucionalidad, lo que plantea dudas sobre la legitimidad del acto y la protección de los derechos de los funcionarios de elección popular en Ecuador.

La suspensión temporal de Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador, ha suscitado un fuerte debate sobre el respeto a la Constitución y los límites del poder administrativo en la sanción de funcionarios de elección popular. José Chalco Salgado, abogado especializado en derecho constitucional, cuestionó la legalidad de esta decisión, argumentando que se trata de un acto que vulnera derechos fundamentales y socava la estabilidad institucional del país.

Chalco argumenta que el artículo 150 de la Constitución establece las causales para la ausencia temporal de la vicepresidenta, las cuales incluyen enfermedad, fuerza mayor y licencia aprobada por la Asamblea Nacional, pero no menciona sanciones administrativas. “Es un fraude constitucional”, afirmó Chalco, subrayando que un sumario administrativo no puede justificar una suspensión temporal y menos una destitución. La ministra de Trabajo, responsable de la sanción, ha citado el artículo 48 de la Ley de Servicio Público para justificar la medida, alegando abandono de funciones, pero Chalco cuestiona su autoridad para imponer dicha sanción a una figura de elección popular.

La controversia se agrava al examinar los precedentes internacionales. Chalco destacó casos como Petro vs. Colombia y López vs. Venezuela, en los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que funcionarios electos no pueden ser destituidos por entes administrativos. Esta jurisprudencia protege los derechos tanto de los funcionarios como de los ciudadanos que los eligieron, lo cual, según Chalco, está siendo ignorado en el caso de Abad. El abogado advirtió que si se mantiene esta decisión, Ecuador podría enfrentar sanciones internacionales por violar los derechos de los electores.

Además de los argumentos constitucionales, Chalco sugiere que la suspensión es un acto de “oportunismo electoral”. Según él, la proximidad de elecciones puede estar influyendo en las decisiones del Ministerio de Trabajo, lo cual pone en riesgo el Estado de derecho. El abogado sostiene que, de no revertirse, esta sanción crea un precedente peligroso que permitiría a funcionarios administrativos influir indebidamente en el destino de los representantes populares, desestabilizando la democracia ecuatoriana.

Para Chalco, la solución pasa por la intervención de la justicia ordinaria y la Corte Constitucional, que deberían revisar la validez del acto administrativo. Chalco argumenta que el Código Orgánico Administrativo establece que los actos que violan la Constitución son nulos, por lo que cualquier servidor público puede impugnar la sanción. En este sentido, propone que los defensores de la vicepresidenta presenten una acción de protección o inicien un proceso contencioso administrativo, con la posibilidad de que la Corte Constitucional evalúe la normativa.

La suspensión de Abad pone en evidencia una crisis de institucionalidad en Ecuador, donde el respeto a las normas y a los procedimientos constitucionales parecen estar sujetos a interpretaciones políticas. Chalco reitera que la solución debe buscarse con serenidad, para que el país recupere la estabilidad sin vulnerar los derechos y principios democráticos.

El caso genera interrogantes sobre el futuro de la institucionalidad en Ecuador. ¿Podrá la justicia actuar con imparcialidad y restablecer el respeto a la Constitución?

Fuente: prensa.ec