El ‘Nuevo Ecuador’ de Noboa genera temores de pérdida de libertades civiles

Disputas con medios y acciones judiciales contra la oposición encienden las alarmas sobre el equilibrio democrático en el país.

Según Bloomberg, el proyecto gubernamental denominado Nuevo Ecuador de Noboa enfrenta cuestionamientos internacionales ante el aumento de medidas que, según analistas y organismos civiles, comprometen la libertad de prensa y el equilibrio de poderes. La reciente disputa por el control de la editorial Granasa y el adelanto del calendario electoral han reavivado temores sobre una posible consolidación de poder que debilite la institucionalidad democrática. Este escenario ocurre mientras el presidente Daniel Noboa mantiene una política de “puño de hierro” contra el crimen organizado y busca atraer inversión extranjera bajo un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El caso Granasa y la libertad de prensa

La tensión escaló cuando los diarios Expreso y Extra publicaron portadas en blanco en señal de protesta. La editorial Gráficos Nacionales SA (Granasa) denunció un intento sistemático del Gobierno por tomar el control de la empresa tras la acusación penal contra miembros de su junta directiva. El regulador corporativo alega presuntas violaciones en la transferencia de una participación del 40% de las acciones.

Voces de la sociedad civil, como Gabriela Panchana de la organización Rumbo Plural, señalan que instituciones como el Servicio de Impuestos Internos y la fiscalía se estarían utilizando para perseguir críticas. Esta percepción es compartida por líderes gremiales, quienes advierten que la debilidad democrática y los ataques a la propiedad privada amenazan el crecimiento económico y la inversión a largo plazo.

Retroceso en las calificaciones de democracia

Bajo la administración actual, Ecuador ha descendido en los estándares internacionales de gobernanza. Según el informe 2026 de Freedom House, el país retrocedió de la categoría de “libre” a “parcialmente libre”. La organización destaca que estas acciones contra jueces y medios de comunicación guardan similitudes con periodos políticos anteriores caracterizados por el control institucional.

• Febrero 2026
  • Informe Human Rights Watch
  • HRW señala medidas que ponen en peligro los derechos y socavan la independencia de los jueces de la Corte Constitucional.
• Marzo 2026
  • Descenso en Freedom House
  • Ecuador es calificado como “parcialmente libre”, situándose por detrás de países como Argentina, Brasil y Colombia.
• Abril 2026
  • Alerta de la ONU
  • La relatora Margaret Satterthwaite advierte sobre riesgos inminentes en la independencia del sistema judicial ecuatoriano.

Tensiones electorales y judiciales

El panorama político se ha tensado tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las elecciones locales a noviembre, citando riesgos climáticos por el fenómeno de El Niño. Críticos y partidos de oposición, como Revolución Ciudadana, califican la medida de ilegal, sugiriendo que busca favorecer al partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).

Simultáneamente, la justicia mantiene bajo investigación a figuras políticas y jueces. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, enfrenta procesos judiciales en una prisión de máxima seguridad, mientras que dos magistrados de la Corte Constitucional son investigados por presuntos activos ilícitos. La Corte ha instado a la ciudadanía a permanecer “vigilante” ante las amenazas al orden constitucional.

Optimismo en mercados vs. realidad social

A pesar de las críticas internas, el mercado de bonos muestra optimismo. Los diferenciales de los bonos soberanos han mejorado y Noboa proyecta reducirlos aún más para 2027. Analistas internacionales sugieren que, por ahora, la comunidad inversora prioriza la apertura de sectores económicos y el cumplimiento de metas con el FMI sobre la situación de los derechos civiles.

Sin embargo, defensores del medio ambiente y grupos indígenas reportan el congelamiento de cuentas bancarias y presión estatal hacia organizaciones que se oponen a la actividad extractiva. El Gobierno, por su parte, defiende su gestión como un esfuerzo necesario para combatir la violencia y fomentar el empleo, negando la existencia de una crisis política profunda.