Granasa califica de ilegal intervención de la Superintendencia y ratifica independencia editorial

El procurador judicial Eduardo Carmigniani asegura que la medida busca hostigar a los diarios Expreso y Extra tras fallidos intentos de vincularlos a delitos.

El grupo editorial Granasa, matriz de los diarios Expreso y Extra, denunció este viernes una “improcedente e ilegal” intervención de Granasa por parte de la Superintendencia de Compañías. Eduardo Carmigniani, procurador judicial de la firma, afirmó en rueda de prensa que la administración de los medios permanece en manos de sus directivos y que la línea informativa se mantendrá “absolutamente inalterable” frente a lo que calificó como un abuso del poder ejecutivo.

Un conflicto por información sensible

La intervención, notificada el pasado miércoles, se sustenta en una supuesta violación al derecho de información de Inmobiliar, entidad estatal que posee el 2.56% de las acciones desde enero de 2026. Según Carmigniani, la entidad exigió acceso a datos sensibles, incluyendo listas de suscriptores, contratos con proveedores y estrategias legales, lo cual fue negado por la administración para proteger el secreto empresarial.

“¿Tiene derecho un accionista que pertenece a la función ejecutiva y compite con un canal de televisión a acceder a los suscriptores de Granasa? Es absolutamente improcedente”, cuestionó el jurista. El administrador de la compañía tiene la facultad legal de negar información si considera que será usada para fines ajenos a la sociedad.

Alcances de la intervención y gestión económica

Pese a la presencia de una interventora en las oficinas de Guayaquil, Carmigniani aclaró que la figura no implica el desplazamiento de los administradores. La interventora actuará como veedora, otorgando el visto bueno en operaciones específicas como firma de contratos o giro de cheques, pero carece de facultades para incidir en la redacción o la línea editorial de los diarios.

El procurador enfatizó que Granasa no atraviesa crisis financiera alguna, por lo que la justificación de vigilar la “marcha económica” de la empresa carece de sustento fáctico en este caso. “Confiamos en que la interventora, una persona seria, no entorpezca el normal desenvolvimiento de la compañía”, añadió.

Antecedentes: Del lavado de activos a la intervención

La defensa de Granasa vincula esta medida con intentos previos de “doblegar” al grupo. Carmigniani recordó que las acusaciones anteriores por defraudación tributaria y un supuesto lavado de activos relacionado con la red de distribución (canillitas) han quedado desvirtuadas.

Un informe de la auditora internacional Ernst & Young (EY) confirmó que las ventas y pagos de los mayoristas coinciden con las guías de remisión, descartando irregularidades. Al no prosperar las causas penales, la empresa sostiene que el Estado ha “prefabricado” este incidente administrativo como una nueva vía de hostigamiento.

Eduardo Carmigniani califica de "prefabricada" la intervención de Granasa. Asegura que Inmobiliar buscaba acceso a datos sensibles de suscriptores y clientes. La independencia editorial de @Expresoec y @diarioextraec se mantiene. 👉 https://t.co/lshwLUUYrS #Ecuador #Noticias pic.twitter.com/bFscTYnxbo

— PrensaEc (@PrensaEc1) February 20, 2026

La intervención no tiene un plazo definido y durará hasta que la Superintendencia considere superadas las causas que la motivaron. Por su parte, el equipo legal de Granasa analizará el plan de trabajo de la interventora antes de decidir nuevas acciones judiciales. La empresa reitera su compromiso con la defensa de los principios democráticos.