El decreto ejecutivo que busca proteger a la niñez ecuatoriana

El presidente Noboa firma un decreto para prevenir el reclutamiento de niños por grupos armados, pero ¿es suficiente la voluntad política para erradicarlo?

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azín, ha firmado un decreto ejecutivo que declara como prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados, grupos terroristas, grupos de delincuencia organizada y cualquier otro actor que comprometa su seguridad y desarrollo. Este decreto crea el Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes, una instancia interinstitucional encargada de diseñar y proponer políticas públicas, planes, programas, proyectos y estrategias para abordar este grave problema.

Ecuador atraviesa por un período de inestabilidad social y política, con un aumento significativo de la violencia y el reclutamiento forzoso de menores por parte de grupos armados. Según datos del gobierno, en el último año se han registrado innumerables casos de reclutamiento de niños y adolescentes en zonas afectadas por el conflicto armado. Estas cifras son alarmantes y reflejan la gravedad de la situación que vive el país.

El decreto ejecutivo busca responder a esta crisis mediante la creación de un marco legal y institucional que permita una acción coordinada y efectiva del Estado. Sin embargo, la efectividad de este decreto dependerá en gran medida de la voluntad política y la capacidad de las instituciones involucradas para implementar las medidas establecidas.

El Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes está conformado por representantes de diversas entidades gubernamentales, incluyendo la Vicepresidencia de la República, la entidad rectora de la seguridad ciudadana, la inclusión económica y social, la salud pública, la educación, la cultura y patrimonio, el deporte, la mujer y derechos humanos, la economía y finanzas, el trabajo, la defensa nacional, las relaciones exteriores, las telecomunicaciones, la educación superior, ciencia, tecnología e innovación, y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.

Esta composición intersectorial es un punto positivo, ya que reconoce que el problema del reclutamiento de menores trasciende las fronteras de cualquier institución individual y requiere una respuesta integral y coordinada. El Comité tiene atribuciones para diseñar políticas públicas, impulsar reformas legales, coordinar la implementación de planes y programas, desarrollar análisis y estudios técnicos, impulsar la comunicación y colaboración entre entidades gubernamentales y no gubernamentales, y elaborar estrategias de sensibilización.

El decreto ejecutivo se alinea con los principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño. En particular, el decreto enfatiza la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, reconociendo su derecho a vivir en un entorno libre de violencia y a ser protegidos contra cualquier forma de explotación y abuso.

La medida también establece que las políticas públicas deben estar basadas en la evidencia y en el interés superior de la niñez y adolescencia. Esto implica que las intervenciones deben ser diseñadas para abordar las causas profundas del reclutamiento de menores, como la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades educativas y laborales.

A pesar de la buena intención y el enfoque integral del decreto, la implementación efectiva de las medidas establecidas enfrentará varios desafíos. Uno de los principales obstáculos es la falta de recursos suficientes para financiar los planes y programas necesarios. Aunque el decreto menciona que las instituciones deberán financiar sus actividades con los recursos ya asignados, es probable que estas recursos sean insuficientes para abordar la magnitud del problema.

Además, la coordinación entre las diversas entidades gubernamentales y no gubernamentales puede resultar complicada en la práctica. La experiencia previa muestra que la falta de comunicación y de claridad en los roles y responsabilidades de cada institución puede obstaculizar la implementación efectiva de políticas públicas.

El decreto también resalta la importancia de la participación de la sociedad civil en la prevención y erradicación del reclutamiento de menores. Las organizaciones no gubernamentales y las comunidades locales tienen un papel fundamental que jugar en la identificación temprana de los riesgos y en la provisión de servicios de apoyo a las familias afectadas.

El decreto ejecutivo firmado por el presidente Noboa representa un paso importante hacia la protección de los niños, niñas y adolescentes en Ecuador. Sin embargo, su éxito dependerá en gran medida de la voluntad política para movilizar recursos y garantizar la coordinación efectiva entre las instituciones involucradas. La sociedad civil también tiene un papel crucial que desempeñar en la vigilancia y el apoyo a las políticas públicas.