Ecuador avanza en marco legal para transparencia en organizaciones sociales

Proyecto de ley busca prevenir lavado de activos y fortalecer control estatal sobre entidades sin fines de lucro

La Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el 23 de agosto de 2025 el informe para segundo debate del “Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social”, iniciativa del presidente Daniel Noboa Azín calificada como urgente en materia económica. Este proyecto busca establecer un marco jurídico para promover transparencia en las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro (OSSFL) que operan en el país, garantizando la presunción de buena fe organizativa y el respeto al derecho a la libre asociatividad, mientras fortalece el control estatal para prevenir flujos irregulares de capitales y el lavado de activos.

Contexto y antecedentes del proyecto

El proyecto de ley surgió como respuesta a preocupaciones identificadas en evaluaciones nacionales de riesgos. Según datos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), presentados en octubre de 2024, existen riesgos significativos relacionados con el uso indebido de organizaciones sociales para actividades ilícitas. El Ecuador cuenta con el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS), que registra alrededor de 71.786 organizaciones sociales, de las cuales 61.025 se consideran vigentes (el 85%), concentrándose principalmente en las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí.

La iniciativa presidencial fue remitida a la comisión legislativa el 18 de junio de 2025, tras ser calificada por el Consejo de Administración Legislativa. Desde entonces, la comisión realizó once sesiones de trabajo entre el 5 y el 23 de agosto para analizar y debatir el proyecto, incluyendo la recepción de aportes de múltiples actores sociales, instituciones gubernamentales y expertos en la materia.

Principales disposiciones de la propuesta

El proyecto establece un sistema de clasificación de riesgo para las organizaciones sociales sin fines de lucro, con tres niveles (bajo, medio y alto), determinados según criterios como el volumen de recursos, la complejidad de operaciones y la procedencia de fondos. Las organizaciones clasificadas con riesgo medio y alto deberán presentar informes anuales, mientras que las de riesgo bajo lo harán de manera bienal.

Entre las obligaciones clave para estas organizaciones se incluyen:

• Conocer e identificar adecuadamente a sus donantes, especialmente cuando se trate de personas o entidades extranjeras
• Verificar el uso legal y trazable de sus recursos financieros
• Detectar e informar operaciones inusuales o sospechosas
• Publicar información sobre su estructura organizativa, fuentes de financiamiento y resultados
• Reportar su ubicación geográfica de operación de proyectos y evaluaciones de impacto

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) sería la entidad centralizada encargada de la supervisión, implementando mecanismos simplificados para las organizaciones pequeñas y de bajo riesgo. Además, el Servicio de Rentas Internas establecería requisitos adicionales para el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Votación y proceso legislativo

El informe para segundo debate fue aprobado con siete votos a favor, dos en contra y una abstención. Entre los asambleístas que votaron a favor se encuentran Valentina Centeno Arteaga (presidenta de la comisión), Diego Franco Hanze (vicepresidente), Alejandro Lara Pérez, Álex Morán Galarza, Mishel Mancheno Dávila, Sergio Peña Veloz y Steven Ordóñez Bravo. Los votos en contra correspondieron a Diego Salas Barriga y Fernanda Méndez Rojas, mientras que David Arias Montalvo se abstuvo.

Este proyecto se enmarca en el Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024-2025, que incluye entre sus prioridades el combate a las economías criminales y el fortalecimiento de la resiliencia del sistema económico y financiero. Además, busca alinear la legislación ecuatoriana con estándares internacionales, especialmente en el marco del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), de cuyo cumplimiento depende en parte la relación del país con organismos financieros internacionales.

Reacciones y consideraciones críticas

Durante el proceso de socialización, diversas organizaciones presentaron sus observaciones. La Cámara de Industrias de Guayaquil, la Red Nacional de Organizaciones Sociales Cooperantes con el MIES, la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador y múltiples fundaciones y cámaras empresariales participaron con aportes al proyecto.

Algunos sectores civiles han expresado preocupación por posibles restricciones a la libertad de asociación, aunque el proyecto incluye salvaguardas expresas para evitar persecución política y proteger la libertad de asociación dentro de los límites legales. El texto establece claramente que las OSSFL serán consideradas actores legítimos del tejido social y democrático, con presunción de buena fe organizativa, salvo prueba en contrario conforme a estándares probatorios estrictos.

Próximos pasos en el proceso legislativo

Tras la aprobación del informe para segundo debate, el proyecto será sometido a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, donde requerirá mayoría calificada para su aprobación final. Si es aprobado, el proyecto de ley pasaría a la etapa de promulgación por parte del presidente de la República.

El proyecto también incluye disposiciones transitorias, como la implementación de mecanismos simplificados por parte de la SEPS para organizaciones pequeñas y de bajo riesgo, y la creación de áreas especializadas dentro de esta institución para efectuar actividades de control.

Este proyecto representa un esfuerzo por equilibrar la transparencia necesaria para prevenir actividades ilícitas con el respeto a la vitalidad de la sociedad civil organizada. En un contexto donde el lavado de activos y el financiamiento de actividades ilícitas representan desafíos significativos para la estabilidad económica, la propuesta busca establecer un marco normativo moderno que fortalezca la institucionalidad democrática sin sofocar la importante labor que realizan las organizaciones sociales en el tejido comunitario del país. El éxito de esta legislación dependerá en gran medida de su implementación equilibrada y del diálogo continuo entre el Estado y la sociedad civil organizada.