El máximo tribunal declara inconstitucional la ley promulgada por el presidente Daniel Noboa, tras ser archivada por la Asamblea. ¿Qué implica esta decisión para el futuro del combate al lavado de activos en Ecuador?
En un fallo histórico, la Corte Constitucional derogó la polémica ‘Ley Antipillos’, promulgada por el presidente Daniel Noboa después de que la Asamblea Nacional la archivara. La decisión, unánime entre los nueve magistrados, marca un precedente en la lucha por el equilibrio de poderes y la legalidad en el país. ¿Qué errores jurídicos llevaron a este desenlace y cómo afecta esta sentencia a la imagen del gobierno?
La ‘Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos’, conocida coloquialmente como ‘Ley Antipillos’, fue declarada inconstitucional este viernes por la Corte Constitucional. El fallo, que respalda la decisión de la Asamblea Nacional de archivar el proyecto, pone en evidencia los vicios en el procedimiento utilizado por el Ejecutivo para promulgar la norma. Según el tribunal, el presidente Daniel Noboa no estaba habilitado para emitir la ley después de que el Legislativo la rechazara, lo que constituye un “vicio de inconstitucionalidad insubsanable”.
La ley, presentada originalmente en noviembre de 2024, buscaba fortalecer la lucha contra el lavado de activos y la introducción de capital ilícito en la economía nacional. Sin embargo, la oposición en la Asamblea argumentó que el proyecto incluía impuestos adicionales, como un tributo a la compra-venta de vehículos usados, que desviaban el foco de su objetivo principal. Además, se criticó la inclusión de temas ajenos a la materia, como la regulación de sociedades anónimas en el fútbol y la instalación de radares de tránsito, lo que violaba el principio de unidad de materia establecido en el artículo 136 de la Constitución.
André Benavídez, constitucionalista entrevistado por FM Mundo, calificó la estrategia del gobierno como una “leguleyada”. “El Ejecutivo intentó meter por la ventana una ley que no cumplía con los mínimos constitucionales”, afirmó. Benavídez también destacó que la norma otorgaba “superpoderes” al director de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), designado directamente por el presidente, lo que abría la puerta a posibles abusos de autoridad.
La decisión de la Corte Constitucional no solo refuerza el papel de la Asamblea Nacional como contrapeso al Ejecutivo, sino que también expone las debilidades en la estrategia legislativa del gobierno de Noboa. “El presidente mantiene su potestad de iniciativa legislativa, pero debe presentar proyectos que respeten los procedimientos constitucionales”, señaló el tribunal. Esto deja abierta la posibilidad de que el Ejecutivo presente una nueva propuesta, aunque deberá hacerlo con mayor rigor jurídico y político.
El fallo también tiene implicaciones para la imagen internacional del Ecuador. La falta de coordinación entre los poderes del Estado y los intentos de forzar la legalidad podrían afectar la credibilidad del país en temas de gobernanza y lucha contra el crimen organizado. “Estos errores infantiles, como los llama Benavídez, no solo dañan al gobierno, sino a la institucionalidad del país”, comentó un analista político.
La derogación de la ‘Ley Antipillos’ plantea una pregunta incómoda: ¿Está el gobierno de Daniel Noboa dispuesto a aprender de sus errores y presentar propuestas que realmente combatan el lavado de activos sin violar la Constitución? La respuesta a esta pregunta podría definir no solo el futuro de su administración, sino también la confianza de los ecuatorianos en sus instituciones.
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