La decisión anula por completo la normativa que buscaba combatir la corrupción tras identificar graves vicios procedimentales en su tramitación legislativa
La Corte Constitucional del Ecuador declaró inconstitucional la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP) el 26 de septiembre de 2025, apenas tres meses después de su promulgación. La sentencia 52-25-IN/25 anuló por completo esta normativa que pretendía modernizar la gestión pública y combatir la corrupción, debido a graves vicios en su procedimiento de aprobación que vulneraron principios fundamentales como la unidad de materia y la deliberación democrática.
Una ley ambiciosa que nació con vicios de forma
La LOIP fue presentada originalmente el 27 de mayo de 2025 como “Proyecto de Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública”, calificada como urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa. Sin embargo, durante su tramitación legislativa sufrió transformaciones sustanciales que desnaturalizaron su propósito inicial.
El 12 de junio, la Comisión Especializada cambió oficialmente su denominación a “Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública”, introduciendo reformas a múltiples cuerpos legales que abarcaban desde contratación pública hasta justicia penal juvenil, régimen disciplinario de jueces y fiscales, y modificaciones al servicio público.
Reformas heterogéneas bajo un mismo paraguas
La ley final incluía cambios al Código Orgánico Integral Penal, Código de la Niñez y Adolescencia, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y Código Orgánico Monetario y Financiero, entre otros. Esta diversidad temática fue precisamente uno de los argumentos centrales para su anulación.
La Corte determinó que muchas de estas reformas no guardaban relación directa con la urgencia económica que justificó su trámite acelerado, violando el principio constitucional de unidad de materia establecido en los artículos 136 y 140 de la Constitución.
Los argumentos de la inconstitucionalidad
El juez ponente José Luis Terán Suárez fundamentó la decisión en dos problemas jurídicos principales: la vulneración del procedimiento de formación de la ley y el incumplimiento de los requisitos para la calificación de urgencia económica.
Falta de deliberación democrática
La Corte identificó que durante el segundo debate parlamentario se introdujeron numerosas enmiendas que no habían sido previamente discutidas en comisión ni en el primer debate. Esta práctica impidió una deliberación adecuada y vulneró el derecho de los ciudadanos a conocer y debatir sobre las reformas propuestas.
“Ninguna ley puede aprobarse con atajos que limiten el debate público o sin una verdadera justificación económica”, señaló la Corte en su comunicado oficial, reafirmando la importancia de los procedimientos democráticos.
Uso indebido de la urgencia económica
El tribunal constitucional concluyó que el procedimiento de urgencia económica fue utilizado de manera inapropiada para acelerar la aprobación de reformas que no tenían conexidad directa con esta materia. Mientras algunas disposiciones sobre contratación pública sí guardaban relación económica, otras como las reformas penales o disciplinarias carecían de esta justificación.
Impacto inmediato: despidos y incertidumbre jurídica
Durante su breve vigencia, la LOIP generó cambios significativos en el sector público. La normativa introdujo modificaciones en los requisitos para el ingreso y permanencia en el servicio público, así como nuevos procedimientos de evaluación y sumario administrativo.
Estos cambios derivaron en despidos de servidores públicos que ahora enfrentan incertidumbre jurídica. Aunque la declaratoria de inconstitucionalidad tiene efectos retroactivos, los actos administrativos realizados durante su vigencia mantienen validez, creando un complejo escenario legal para los afectados.
Críticas por justicia juvenil
Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch criticaron las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia incluidas en la LOIP. Según estos grupos, las modificaciones endurecían el tratamiento penal para adolescentes infractores, alejándose del principio de interés superior del niño establecido constitucionalmente.
Un revés político para el gobierno de Noboa
La anulación de la LOIP representa un duro golpe para la administración de Daniel Noboa, que había presentado esta ley como una herramienta clave en su agenda anticorrupción. La decisión se suma a la también declarada inconstitucional Ley de Solidaridad Nacional, evidenciando problemas sistemáticos en la técnica legislativa del gobierno.
La Corte Constitucional recibió 25 demandas de inconstitucionalidad contra la LOIP, presentadas por organizaciones como la Unión Nacional de Educadores y diversos ciudadanos, lo que refleja el amplio rechazo que generó la normativa.
Fortalecimiento de la independencia judicial
La decisión reafirma la independencia de la Corte Constitucional frente a los otros poderes del Estado. Al anular dos leyes emblemáticas del gobierno, el tribunal demostró su compromiso con la supremacía constitucional, independientemente de consideraciones políticas.
Lecciones para el proceso legislativo
El caso de la LOIP deja importantes enseñanzas sobre la calidad democrática en Ecuador. La experiencia demuestra que objetivos legítimos como combatir la corrupción no justifican la omisión de procedimientos constitucionales fundamentales.
La anulación subraya la necesidad de fortalecer los procesos internos de la Asamblea Nacional para garantizar que los proyectos de ley, especialmente los complejos, sean objeto de análisis riguroso y amplio debate público.
El vacío normativo resultante
Con la eliminación de la LOIP, las reformas que pretendía implementar en contratación pública, servicio público y sistema de justicia quedan pendientes. El gobierno deberá buscar nuevas vías, presumiblemente más ajustadas a derecho, para retomar estas agendas de modernización estatal.
La Contraloría General del Estado, que había respaldado públicamente la ley, ahora debe operar bajo el marco normativo previo a la LOIP, mientras se definen nuevos mecanismos para fortalecer la lucha contra la corrupción.
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Un precedente para la técnica legislativa
La sentencia 52-25-IN/25 establece un precedente importante sobre los límites del procedimiento de urgencia económica y la importancia de la unidad de materia en la legislación ecuatoriana. La decisión recuerda que la construcción de instituciones sólidas requiere procesos transparentes y respeto escrupuloso a las reglas democráticas.
El verdadero fortalecimiento de la integridad pública no se logra mediante leyes express, sino a través de la construcción de instituciones sólidas y procesos que valoren la legalidad como pilar fundamental del Estado de derecho.
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