CONAIE anuncia continuidad del Paro Nacional y rechaza criminalización de la protesta

En rueda de prensa, dirigentes indígenas denuncian represión estatal, exigen derogar el decreto 126 y reafirman que “protestar es un derecho, no un delito”.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) anunció este martes en Quito la continuidad del Paro Nacional contra el gobierno de Daniel Noboa, tras ocho días de movilizaciones en varias provincias. Durante una rueda de prensa con sus máximas autoridades —Marlon Vargas, Alberto Inalaguano y Elsi Castañeda—, la organización rechazó categóricamente ser calificada como “terrorista”, denunció asesinatos y detenciones arbitrarias, y exigió el cese inmediato de la represión militar y policial. La decisión responde a un Consejo Ampliado celebrado el 18 de septiembre en Riobamba, donde más de 90 representantes de pueblos y nacionalidades acordaron “resistencia y paralización” ante políticas económicas que, según afirman, afectan a toda la población.

Rechazo a la criminalización y defensa de la protesta pacífica

Los dirigentes de la CONAIE insistieron en que la movilización indígena no responde a intereses individuales, sino a decisiones colectivas tomadas en asambleas territoriales. “No somos terroristas, no somos delincuentes. Somos pueblos milenarios que defendemos nuestros derechos consagrados en la Constitución”, afirmó Alberto Inalaguano, presidente de la ECUARUNARI. Denunció que mientras el Estado despliega fuerzas armadas contra manifestantes en zonas rurales, la inseguridad en las ciudades sigue sin control.

La vicepresidenta de la CONAIE, Elsi Castañeda, subrayó que el discurso gubernamental que vincula a los pueblos indígenas con el narcotráfico o el terrorismo forma parte de una “estrategia de dictadura” para justificar la represión. “Señor presidente, no mienta. Nuestros hermanos no son terroristas; son jóvenes, algunos con discapacidad, detenidos de forma inconstitucional”, dijo.

Denuncias de violencia estatal y exigencias concretas

Marlon Vargas, presidente nacional de la CONAIE, responsabilizó directamente al gobierno de Noboa por lo que calificó como “crímenes de Estado”. Hizo referencia al fallecimiento de al menos un manifestante en Otavalo y al estado crítico de otro, según informes no confirmados oficialmente por fuentes independientes. Exigió investigaciones internacionales por parte de la CIDH, la ONU y la OEA, y solicitó una investigación imparcial sobre el uso de armamento de alto calibre contra civiles.

La organización presentó un pliego de nueve demandas, entre las que destacan:

1. Derogación inmediata del decreto ejecutivo 126, que incrementa el precio del diésel.
2. Libertad de los 12 detenidos en Otavalo y de todos los manifestantes arrestados de forma arbitraria.
3. Cese de la represión aérea y terrestre.
4. Respeto al derecho a la protesta y a la consulta previa.
5. Reducción del IVA del 15% al 12%.
6. Fin de la expansión minera y petrolera en la Amazonía.
7. Inversión en salud y educación pública.
8. Rechazo a la consulta popular y a una asamblea constituyente.
9. Garantías para la vida y seguridad de los pueblos indígenas.

La CONAIE mantiene el Paro Nacional, rechaza ser llamada "terrorista" y exige derogar el decreto 126. Denuncia asesinatos, detenciones arbitrarias y represión militar. "Protestar es un derecho, no un delito"https://t.co/5sTZxgjQSD#Ecuador @CONAIE_Ecuador pic.twitter.com/9cAvb2cOK1

— PrensaEc (@PrensaEc1) September 29, 2025

Movilización territorial y rechazo a la consulta popular

Contrario a la percepción de baja visibilidad en medios nacionales, los dirigentes explicaron que han estado recorriendo comunidades en Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja y la Amazonía. “No estamos para estar sacando comunicados cada hora; estamos en los territorios, caminando con nuestro pueblo”, señaló Inalaguano.

Vargas advirtió que la consulta popular impulsada por el gobierno busca “eliminar 21 derechos colectivos, incluidos los de la naturaleza y la consulta previa”, y acusó al Ejecutivo de intentar “colonizar” los territorios amazónicos mediante la ampliación de la frontera extractivista. “La CTEA [Circunscripción Territorial Especial Amazónica] se ha convertido en botín político, no en mecanismo de desarrollo”, dijo.

La CONAIE anunció que convocará al “no” en la consulta y rechazará cualquier intento de reforma constitucional que debilite los derechos de los pueblos originarios.

Diálogo condicionado y llamado a la unidad nacional

Pese a la tensión, los dirigentes no descartaron el diálogo, pero lo condicionaron al cese de la represión y a la liberación de los detenidos. “¿Cómo se puede dialogar después de asesinar?”, cuestionó Vargas. Subrayó que cualquier negociación debe respetar las decisiones de las bases y no imponer recetas del Fondo Monetario Internacional.

La organización también llamó a la unidad con otros sectores sociales: estudiantes, trabajadores, campesinos, afroecuatorianos y montubios. Anunció que el “Parlamento de los Pueblos” —espacio de articulación multisectorial— se reunirá para definir nuevas acciones si el gobierno mantiene su postura.

La CONAIE reiteró que su lucha no es solo por los pueblos indígenas, sino por “todos los ecuatorianos afectados por el alto costo de la vida”. En un mensaje final, Vargas recordó a líderes históricos como Rumiñahui y Atahualpa, y afirmó: “El pueblo no se arrodilla. Protestar es un derecho, no un delito”. Mientras el gobierno insiste en no retroceder, el país enfrenta una escalada de tensión que podría definir el rumbo de la gobernabilidad en los próximos meses.