Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, detalla avances logísticos, reglas de campaña y mecanismos de transparencia para la consulta popular del 16 de noviembre.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) asegura que el referéndum y consulta popular del 16 de noviembre de 2025 se realizará con estrictos controles durante la votación y el escrutinio, según confirmó su presidenta, Diana Atamaint, en una entrevista exclusiva. Con el cronograma electoral en marcha, el organismo ha impreso el 60 % de las papeletas, iniciado el envío de paquetes electorales al exterior —incluyendo Asia y Europa del Este— y activado mecanismos de fiscalización y transparencia para garantizar la integridad del proceso. La información es clave para la ciudadanía ecuatoriana en un contexto de polarización y desconfianza histórica en procesos electorales.
Avances logísticos y cronograma electoral
El CNE confirma que el cronograma técnico y logístico del referéndum 2025 avanza según lo planificado. Al momento de la entrevista, el 60 % de las papeletas ya estaban impresas y el 56 % de los documentos electorales listos. Además, el organismo comenzó el envío de los primeros paquetes electorales a representaciones consulares en países como Rusia, Bielorrusia y naciones asiáticas, en cumplimiento de los plazos establecidos por el pleno del Consejo.
Estos avances forman parte de una estrategia integral que incluye la capacitación de jurados electorales, la distribución de materiales y la coordinación con autoridades locales e internacionales para asegurar que el voto de los ecuatorianos en el exterior se ejerza con las mismas garantías que en el territorio nacional.
Reglas de campaña y fiscalización electoral
La campaña oficial por el “Sí” y el “No” arranca el 1 de noviembre y concluirá el 13 de noviembre, según el calendario aprobado. Durante este periodo, los actores inscritos pueden difundir sus posturas en medios de comunicación calificados, realizar mítines y movilizaciones autorizadas. Sin embargo, el CNE subraya que está prohibido el uso de recursos públicos o espacios institucionales para fines proselitistas.
La fiscalización se realiza a través de equipos en las 24 provincias, que monitorean medios tradicionales (radio, televisión y prensa digital registrada) y espacios públicos. Atamaint aclaró que, si bien las redes sociales permiten la libre expresión de opiniones, el Código de la Democracia no faculta al CNE para regularlas directamente. No obstante, se investiga un caso de posible campaña anticipada en un medio de comunicación, cuyo informe será evaluado por el área jurídica del organismo.
Neutralidad de autoridades y participación política
Respecto a la participación del presidente Daniel Noboa —proponente de la consulta—, Atamaint reiteró que el Código de la Democracia prohíbe a servidores públicos incidir en el voto mediante el ejercicio de sus funciones. Aunque no se exige licencia formal, cualquier acción gubernamental debe evitar sesgos a favor o en contra de las opciones del referéndum.
En el caso de asambleístas que deseen participar activamente en la campaña, la presidenta del CNE indicó que deben solicitar licencia o usar sus días de vacaciones, ya que mientras ejerzan su cargo no pueden hacer proselitismo. Esta medida busca preservar la imparcialidad de las instituciones del Estado durante el proceso electoral.
Transparencia, observación y acceso a resultados
Para reforzar la confianza ciudadana, el CNE ha implementado múltiples canales de transparencia. Entre ellos destacan:
- Un aplicativo digital que permitirá seguir en tiempo real los resultados del escrutinio.
- Acceso abierto a una “nube” con imágenes escaneadas de las actas electorales.
- Acreditación de observadores nacionales e internacionales.
- Un consejo consultivo con partidos políticos y organizaciones sociales.
- Auditorías abiertas a representantes de colectivos políticos sobre procesos informáticos y administrativos.
Estas herramientas buscan garantizar que cualquier actor con interés legítimo pueda verificar la integridad del proceso, desde la instalación de las juntas receptoras del voto hasta la proclamación final de resultados.
Estrategias para fomentar la participación ciudadana
Históricamente, la participación en consultas populares ha sido menor que en elecciones generales. Para contrarrestar esta tendencia, el CNE impulsa campañas de educación cívica en alianza con universidades, enfocadas especialmente en jóvenes de 18 a 29 años —cuya participación es facultativa—. Además, se difunden en medios de comunicación información clave: preguntas del referéndum, fechas, sanciones por no votar (en casos obligatorios) y datos sobre los miembros de las juntas electorales.
Denuncias por incumplimiento de cuentas de campaña
Atamaint también abordó las 10 denuncias presentadas ante el Tribunal Contencioso Electoral contra organizaciones políticas y sociales por no presentar sus informes de campaña dentro del plazo legal (90 días posteriores a elecciones anteriores). Explicó que el proceso administrativo incluye notificaciones, plazos para subsanar y revisiones técnicas antes de derivar al tribunal. En total, se preparan 26 denuncias relacionadas con incumplimientos en procesos electorales previos, todas dentro del marco legal vigente.
El referéndum del 16 de noviembre representa un hito institucional en medio de un clima político complejo. Con mecanismos de control reforzados, transparencia digital y fiscalización activa, el CNE busca no solo garantizar la legalidad del proceso, sino también reconstruir la confianza ciudadana en la democracia ecuatoriana. La participación informada y responsable de la ciudadanía será clave para definir el rumbo del país.






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