El presidente Mario Paz Pereira anunció la disolución de la cartera tras denuncias de persecución política y una sentencia ejecutoriada contra el exministro. La medida busca garantizar independencia judicial.

El presidente de Bolivia, Mario Paz Pereira, anunció este domingo el cierre definitivo del Ministerio de Justicia durante una conferencia de prensa en La Paz. La decisión, tomada a solo 12 días de asumir el cargo, responde a denuncias históricas de politización de la institución y la confirmación de una sentencia ejecutoriada contra el exministro de Justicia. El mandatario destacó que la medida, prometida en campaña, busca “blindar la independencia judicial” y evitar que la política interfiera en procesos legales, un paso que, según afirmó, es clave para la democracia boliviana.
De promesa electoral a medida urgente
Durante su campaña, Paz Pereira denunció que el Ministerio de Justicia operaba como un instrumento de persecución política y venta de sentencias. Aunque inicialmente consideró mantener la cartera tras sugerencia del vicepresidente, la confirmación de una sentencia ejecutoriada contra el exministro —validada por el Tribunal Supremo de Justicia— aceleró la decisión. “No podemos permitir que un funcionario con condena ejerza en el gabinete. La fe del Estado debe protegerse”, señaló el presidente, quien destacó que el nuevo ministro interino, el abogado García, aceptó el cargo solo bajo la condición de disolver la institución.
La crisis que precipitó el cierre
El caso del exministro, propuesto por el vicepresidente Lara, generó una crisis interna. Durante una reunión de gabinete, el funcionario aseguró no tener problemas legales, pero el Tribunal Supremo corroboró su sentencia. Paz Pereira lamentó que la situación pusiera en riesgo la credibilidad del gobierno: “El vicepresidente, el presidente y el gabinete no pueden estar expuestos a escenarios jurídicos complejos por decisiones apresuradas”. La transparencia, insistió, es prioritaria: “Nos amparamos en las normas, no en las palabras”.
El rol del abogado García: una condición no negociable
El Dr. García, figura clave en la transición, exigió el cierre del ministerio para aceptar el puesto. “No estoy aquí para continuar con un sistema que daña la justicia”, declaró, según relató el presidente. García, crítico de la politización judicial, convenció a Paz Pereira de retomar la promesa electoral. “Hoy enterramos el ministerio del terrorismo de Estado”, afirmó el mandatario, agradeciendo su “valentía” y vinculando la medida a la devolución de una sede histórica a la defensora de derechos humanos Amparo Carvajal, simbolizando un nuevo enfoque institucional.
¿Fortalecerá la democracia esta medida?
Paz Pereira vinculó la independencia judicial a la calidad democrática: “Si no hay justicia, no hay democracia”. La disolución del ministerio transferirá sus funciones a otras entidades, aunque no detalló el mecanismo. Expertos cuestionan la viabilidad técnica y el vacío institucional que podría generarse. Sin embargo, el presidente defendió que es un “primer paso” para reformar un sistema donde, según datos de la Defensoría del Pueblo, el 68% de los ciudadanos percibe sesgos políticos en fallos judiciales.
Reacciones y próximos desafíos
Mientras organizaciones civiles celebraron el anuncio, sectores opositores lo tacharon de “gesto populista sin plan concreto”. El gobierno deberá ahora gestionar la transición legislativa y garantizar que organismos como el Consejo de la Magistratura asuman las responsabilidades. Además, enfrenta presión para acelerar reformas en policía y fiscalía, ámbitos también señalados por corrupción. Paz Pereira concluyó: “Ningún político, sea presidente o ministro, interferirá más en la justicia. Este es el legado que debemos construir”.

El cierre del Ministerio de Justicia marca un hito en la gestión de Paz Pereira, pero su éxito dependerá de la implementación técnica y el consenso social. Mientras Bolivia observa con esperanza y escepticismo, el presidente reitera que la transparencia y la ley serán pilares de su administración. La próxima prueba será cómo se redistribuyen las funciones y si esta medida reduce la desconfianza ciudadana en las instituciones.



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