En 2008, Ecuador se convirtió en pionero mundial al reconocer constitucionalmente los derechos de la naturaleza. Solo Bolivia lo acompañaba en esa apuesta. Según el Environmental Performance Index (EPI) de la Universidad de Yale, ese año el país ocupaba el puesto 22 entre 180 naciones evaluadas por su desempeño ambiental. Hoy, en 2025, estamos en el lugar 55.
¿Qué pasó en estos 17 años? Países sin derechos de la naturaleza en sus constituciones —como Estonia, Alemania, Suecia, Suiza o Francia— ahora lideran el índice. La caída de Ecuador no es estadísticamente ambigua: sugiere una brecha entre el marco normativo y su implementación real.
¿Faltó claridad sobre quién debe hacer valer esos derechos? ¿Hubo ausencia de mecanismos de control efectivos? Jimmy Jairala, director de Un Café con JJ por Radio Altavoz, plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿funcionó esta histórica reforma constitucional o se quedó en una utopía legal?
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La respuesta podría redefinir el futuro de la política ambiental ecuatoriana.
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