¿Por qué Ecuador necesita una nueva Constitución?

Pedro Valverde plantea reformas estructurales para superar los límites de la Carta de 2008 y descentralizar el poder estatal.

¿Qué cambios requiere Ecuador para superar los obstáculos institucionales heredados de la Constitución de 2008? El analista político Pedro Valverde sostiene que el país necesita una nueva carta política que garantice descentralización, fortalezca la separación de poderes, elimine regulaciones obsoletas sobre la prensa y abra la economía a inversiones privadas en sectores estratégicos. En un contexto de consulta popular inminente, su propuesta cobra relevancia nacional.

Una Constitución hecha a la medida

La Constitución ecuatoriana de 2008, promulgada durante el gobierno de Rafael Correa, fue concebida como un instrumento de transformación política. Sin embargo, según Valverde, su diseño excesivamente detallado y centralizador respondió más a una agenda de poder que a las necesidades estructurales del país. “Fue un traje a la medida de un proyecto político que ya sucumbió”, afirma.

Uno de los puntos críticos señalados es la categorización de la comunicación como “servicio público”, lo que, en la práctica, justificó la Ley de Comunicación y abrió la puerta a regulaciones estatales sobre la prensa. Valverde cuestiona que se exija a los medios “verificar y contextualizar” toda información, un estándar subjetivo que, a su juicio, frena la libertad de expresión y desincentiva la inversión en medios digitales.

Centralización económica y obstáculos al desarrollo

Otro eje de crítica es la Cuenta Única del Tesoro, mecanismo que concentra todos los flujos financieros del Estado —incluidos gobiernos locales y empresas públicas— bajo la autoridad del Ministro de Finanzas. “No puede ser que la chequera de la Prefectura del Guayas o de Petroecuador esté en manos de una sola persona”, señala Valverde, quien propone descentralizar la gestión fiscal para que cada provincia y cantón administre sus propios recursos.

Además, critica la prohibición constitucional de que dueños de medios de comunicación posean otros negocios. “En la era digital, los medios necesitan diversificar para sobrevivir. Esta norma los asfixia”, sostiene, al tiempo que recuerda que países vecinos como Colombia y Argentina han atraído inversión extranjera en hidrocarburos mediante contratos de participación, mientras Ecuador limita la exploración a Petroecuador.

¿Debe Ecuador reformar su Constitución? Pedro Valverde propone eliminar la Cuenta Única del Tesoro, restablecer la bicameralidad y permitir inversión privada en sectores estratégicos. ¿Factible o riesgoso?https://t.co/vqiHfIlM1E
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— PrensaEc (@PrensaEc1) October 20, 2025

Reforma del poder judicial y legislativo

Valverde propone la eliminación del Consejo de la Judicatura y el retorno a una Corte Suprema elegida por sus propios pares, como ocurría antes de 2008. “El Consejo es un mecanismo indirecto de control político sobre la justicia”, afirma. Del mismo modo, cuestiona la existencia del Consejo de Participación Ciudadana, creado, según él, para que el Ejecutivo nombrara autoridades de control sin asumir responsabilidad directa.

En el ámbito legislativo, aboga por el restablecimiento de la bicameralidad, con un Senado integrado por expertos —abogados, economistas, académicos— designados por cuerpos colegiados (universidades, gremios), no por voto popular. “Hacer leyes no puede ser un acto relajado. Requiere rigor técnico”, subraya. También propone eliminar la obligatoriedad de pertenecer a un partido político para ser candidato a legislador, siguiendo modelos como el de Estados Unidos.

Hacia una nueva carta política

Valverde insiste en que la Constitución actual frena el desarrollo económico y político del país. Cita ejemplos concretos: la imposibilidad de vender activos estatales como las torres de CNT (valoradas en USD 800 millones) o titularizar la cartera hipotecaria del Banco del Estado, que podría movilizar hasta USD 8 mil millones. “La Carta de 2008 fue diseñada para un modelo extractivista con petrodólares. Hoy, sin esa bonanza, es una traba”, concluye.

Con una posible consulta popular en el horizonte, su llamado es claro: Ecuador necesita una nueva Constitución que descentralice el poder, fortalezca las instituciones y abra la economía a la inversión privada, sin sacrificar la transparencia ni los derechos fundamentales.

La discusión sobre una nueva Constitución no es solo un debate jurídico, sino una oportunidad para redefinir el pacto social ecuatoriano. Como señala Valverde, el desafío no es deshacer lo construido, sino corregir lo que impide al país avanzar. En un momento de polarización y urgencia económica, el camino hacia una nueva carta política exige consensos técnicos, participación ciudadana y visión de largo plazo.