En los últimos años, Ecuador desmanteló gran parte de su sistema de inteligencia estatal. La intención era cerrar capítulos polémicos del pasado, pero el efecto colateral ha sido devastador: hoy, el crimen organizado se mueve con impunidad.
Coches bomba, bombas extorsión, secuestros y redes financieras ilícitas operan en un vacío institucional. Sin un marco legal y operativo de inteligencia, policía y fiscalía no pueden cruzar datos a tiempo, rastrear rutas del dinero ni coordinar alertas con rigor. La inteligencia no es un lujo: es el cinturón de seguridad del Estado.
No evita todos los choques, pero reduce el daño. El debate no es si debe existir o no, sino qué tipo de inteligencia queremos: una con controles democráticos reales —auditorías, supervisión judicial y veeduría legislativa multipartidista— que equilibre derechos y seguridad.
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Derogar de facto este sistema no trajo paz, sino ventaja al enemigo. Un Estado ciego reacciona tarde. Uno con inteligencia y límites puede prevenir, proteger y recuperar el control del territorio. La urgencia nacional es clara: restablecer un sistema robusto, transparente y eficaz.
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