El tribunal archiva el caso presentado por la vicepresidenta Verónica Abad, quien denunció agresiones políticas que buscaban impedir su ejercicio público.
El Tribunal Contencioso Electoral rechazó la denuncia de Verónica Abad contra el presidente Daniel Noboa y otros funcionarios, calificándola como infundada. La decisión, interpretada por el Gobierno como un intento de desestabilización, intensifica la fractura entre los líderes del Ejecutivo ecuatoriano.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador resolvió este martes negar la denuncia de violencia política de género presentada por la vicepresidenta Verónica Abad contra el presidente Daniel Noboa y otros altos funcionarios. En su decisión, el tribunal ratificó el estado de inocencia de los acusados y dispuso archivar el caso, que había generado controversia en el ámbito político nacional.
Abad acusó a Noboa, a la canciller Gabriela Sommerfeld, al exviceministro Luis Torres y a la asesora presidencial Diana Jácome de supuestas agresiones destinadas a “amedrentarla e intimidarla” para obstaculizar su ejercicio público y forzar su renuncia. Entre los argumentos presentados por la vicepresidenta, destacó que estas acciones buscaban impedir su eventual sucesión presidencial, considerando la posibilidad de que Noboa solicite licencia para la campaña electoral de 2025.
El abogado de Abad, Damián Armijos, afirmó que las “agresiones” constituían una forma de violencia política de género, tipificada como infracción grave en el artículo 280 de la Ley Electoral ecuatoriana. No obstante, el tribunal concluyó que las pruebas eran insuficientes para demostrar la responsabilidad de los acusados en estas presuntas agresiones.
El Gobierno interpretó la denuncia como un intento de desestabilización por parte de la vicepresidenta. Mercedes Mediavilla, abogada de Noboa, calificó las acusaciones como infundadas y desproporcionadas, advirtiendo que el proceso podría haber llevado incluso a la destitución del presidente y la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años.
El distanciamiento entre Noboa y Abad, evidenciado desde la segunda vuelta presidencial en 2023, se intensificó con la asignación de funciones de la vicepresidenta como embajadora en Israel. Abad percibió esta designación como una estrategia para apartarla del ejercicio político en Ecuador, una acusación que el Gobierno niega categóricamente.
Tras esta decisión, abogados de Abad evalúan próximos pasos legales. Paralelamente, se procesan contrademandas de Sommerfeld y Jácome contra la vicepresidenta por presunta violencia política.
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Este caso evidencia la creciente tensión entre los principales líderes del Ejecutivo ecuatoriano. ¿Cómo podría impactar esta fractura en la gobernabilidad del país y en el desarrollo de las elecciones de 2025?
Fuente: prensa.ec
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